Hay gente que procura ajustar su comportamiento y sus actividades cotidianas, no solo a lo que dicta la Ley, que por supuesto, sino a principios éticos y morales nobles y elevados. No se limitan a no vulnerar la Ley, sino que además hacen todo lo que está en su mano para beneficiar a sus vecinos, a sus trabajadores, a la sociedad en general.
Tienen muy en cuenta lo que ahora se denomina ‘responsabilidad social corporativa’, de forma que no sólo les preocupa su reputación y la imagen que los demás tengan de ellos, sino que se esmeran en no verse relacionados en actos ni circunstancias que les causen desprestigio. Habitualmente su palabra es de fiar y no necesitan echar mano de contratos firmados ante notario, porque su palabra vale tanto como su firma.
Pero también hay gente, normalmente muy adinerada, a la que la Ley le importa un pimiento. La imagen que los demás tengan de ellos no les preocupa lo más mínimo, porque creen que su riqueza les habilita para hacer lo que quieran sin pagar consecuencias por eventuales ilegalidades. Prefieren gastar dinero en abogados que en generar valor para la sociedad. Y lo peor es que muchas veces les sale bien.
En Ibiza tenemos algunos casos relevantes y muy conocidos, pero el que se lleva la palma es el de “Paquita Marsan”, la riquísima empresaria propietaria del ilegal complejo Casa Lola en Sant Josep, con lo cual está dicho todo.
Ayer unos 70 trabajadores del Hotel Club Punta Arabí se concentraron a las puertas del establecimiento propiedad de Francisca Sánchez Ordoñez, alias “Paquita Marsan”, y que hasta ahora gestionaba la hotelera Azuline, para exigir garantías de que sus puestos de trabajo no están en peligro y que la próxima temporada abrirá sus puertas y cumplirá con sus obligaciones legales para con los empleados. Porque la situación no sólo afecta a Punta Arabí, donde también se monta el célebre Hippy Market, sino también al hotel Coral y al hotel Atlantic, además del Marina Park en Menorca.
Según el secretario general de UGT en Ibiza y Formentera, Fernando Fernández, han intentado contactar con la polémica empresaria, que les ha dado largas enviándoles a despachos de abogados que no son capaces de dar ninguna respuesta satisfactoria, seguramente porque su representada sólo busca marear a los trabajadores.
Ahora que se habla tanto de la negociación en la Mesa de diálogo social para derogar la reforma laboral del PP y establecer un nuevo marco de relaciones laborales entre empresarios y trabajadores, habría que preguntarse por aquellos empresarios que se pasan la legislación laboral por el arco del triunfo, sin que les importe lo más mínimo los derechos de sus empleados. Y si las autoridades laborales hacen lo necesario para meter en vereda a estos desaprensivos, que creen que su fortuna les da carta blanca para ignorar la Ley.
Los trabajadores anuncian más protestas y movilizaciones, pero convendría que el Consell d’Eivissa y el Govern balear expliquen lo que piensan hacer para evitar que “Paquita Marsan” cause un destrozo considerable en los establecimientos de su propiedad y en los puestos de trabajo (alrededor de 350 o 400) que hasta ahora venían ocupando.
Porque ya no se trata de lo que diga Paquita que va a hacer, sino lo que las autoridades piensan consentirle que siga haciendo, como hasta ahora ha hecho en Casa Lola. En algún momento habrá que pararle los pies.
