La Audiencia de Navarra ha reducido un año las condenas de José Ángel Prenda y Jesús Escudero, miembros de ‘La Manada’, como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, conocida como la ley del «solo sí es sí». Esta legislación, concebida para reforzar la protección de las víctimas de violencia sexual, ha desembocado en la disminución de penas para más de un millar de agresores sexuales, sin que las responsables de este desaguisado legislativo sin precedentes, posiblemente la peor chapuza legal que se recuerda en democracia, hayan pedido siquiera perdón por su ineptitud y por su arrogancia. Podemos es a quien hay que agradecer todo esto. Que nadie lo olvide.
La intención original de la ley, según dijeron, era unificar los delitos de abuso y agresión sexual, centrando el foco en el consentimiento explícito. Sin embargo, la redacción y aplicación de la norma han permitido que delincuentes sexuales soliciten revisiones de sus condenas, lo que ha llevado a miles de reducciones de penas e incluso excarcelaciones anticipadas. Este desenlace que ellas consideran fruto de la Justicia patriarcal, en todo un fracaso legislativo atribuible a quienes, pese a los incontables avisos de lo que se avecinaba, votaron a favor de la aprobación de la norma, que tuvo que ser rectificada pocos meses más tarde.
Es alarmante que, pese a las catastróficas consecuencias que su bodrio legal ha traído, revictimizando a las víctimas de agresiones y abusos sexuales, las responsables de su elaboración no hayan asumido públicamente su responsabilidad ni ofrecido disculpas por las consecuencias adversas. Esta falta de autocrítica demuestra la arrogancia titánica de Irene Montero, Ángela Rodríguez Pam, Victoria Rosell y por extensión de todos aquellos diputados y diputadas que con su voto permitieron el alumbramiento de una ley que rebaja la pena a violadores y agresores sexuales, incluyendo a los más deleznables que conocemos.
Además, resulta paradójico que el partido promotor de esta legislación se haya visto envuelto en denuncias de comportamientos machistas en su seno. Esta contradicción entre el discurso público y las prácticas internas es fiel reflejo de una incoherencia que ninguna sociedad debería tolerar. La lucha contra la violencia de género exige coherencia y compromiso genuino, tanto en el ámbito legislativo como en la conducta cotidiana de quienes ostentan cargos públicos. Pero Podemos siempre fue un fraude. Lo es todavía hoy. Suerte que los ciudadanos ya se dieron cuenta y los echaron de las instituciones con su voto. Porque no es que los echaran del poder, sino que los expulsaron de las principales instituciones democráticas. Por algo será.
ningú olvida lo que està passant i és té en conta a sa hora de votar, així estan que desapareguin pronta és es seu futur