EFE / La Agrupación de Policías Reformistas (ARP), sindicato de la Policía Nacional, ha denunciado que las instalaciones de los Juzgados de Ibiza, ubicada de forma provisional en la sede de la Policía Local, “no son aptas para el cumplimiento de las normas de riesgo laboral” para los agentes de este cuerpo, en materia de custodia de detenidos y presos.
En un comunicado, el sindicato ha destacado este viernes que el incendio de los juzgados de la avenida Isidor Macabich, que afectó a cuatro Juzgados de Instrucción, dos de lo Penal, el de Violencia Sobre la Mujer y el de los Servicios Forenses, también está perjudicando los funcionarios de la Comisaría Local de Ibiza, “cuya labor se viene efectuando en precario”.
En esta línea, la Agrupación Reformista de Policías ha conocido la situación de “extrema dificultad profesional” en la que los funcionarios realizan los servicios, “algunos a pie de calle en su recorrido desde el edificio policial a las dependencias de Policía Local, donde se han instalado los juzgados afectados”, critican.
El sindicato policial considera que “se pone en riesgo permanentemente» a los funcionarios encargados del servicio de conducción, así como aquellos que «en labores de custodia deben permanecer en los lugares acondicionados para los detenidos» o en los habitáculos destinados para los funcionarios de justicia, policiales y de la Guardia Civil.
Esta situación ocurre, denuncia ARP, “sin que las autoridades locales y resto de las administraciones implicadas en territorio balear, hayan sido capaces de acelerar el proceso de restablecer las condiciones a su anterior estado», o en todo caso, designar otro edificio con garantías para la custodia y seguridad.
ARP entiende que se debe exigir que los plazos de entrega de los nuevos juzgados en la ciudad de Ibiza “se aceleren y poner fin a la provisionalidad” de las dependencias en Policía Local, como sede judicial.
Aún así, señala que dentro de estas medidas provisionales, “es urgente, tomar otras iniciativas respecto al depósito de presos y penados existente”, por lo que reclama que el Delegado del Gobierno en Baleares se ponga al frente de esta reivindicación “para reconducir los servicios policiales a un máximo de garantías funcionales”.
Por todo ello, el sindicato solicita a la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación de la Dirección General de la Policía y a la Jefatura Superior de Policía de Baleares que revise de forma urgente la situación y adopte medidas correctoras para la “autoprotección de los funcionarios” así como para “garantizar la custodia y seguridad de los detenidos y presos”.
También reclama que se aplique “en todos su términos” la Instrucción 12/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre los comportamientos exigidos a los policías para garantizar los derechos los detenidos bajo custodia policial y que se haga una “inspección urgente” las condiciones que se imponen a los funcionarios de la Comisaría de Ibiza.
Piden además la aplicación estricta del Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y que se exima de cualquier responsabilidad profesional a los agentes en sus funciones de traslado y custodia “ante el déficit estructural y organizativo”.
Por último, reclaman el cese inmediato de las órdenes de la Comisaría de Ibiza para evitar “exponer a los funcionarios a más riegos del que ya supone trabajar” en estas condiciones y que “se evite el traslado a pie”, desde las instalaciones de la Comisaría de Ibiza a la sede de Policía Local.
