El Consell ordena demoler una vivienda ilegal en primera línea de costa en Punta Galera

El Consell de Ibiza ha resuelto ordenar la demolición de un chalé ilegal situado en primera línea de costa en la zona de Punta Galera, tras la reunión del último Consell Executiu.

Esta vivienda ha sido objeto recientemente de una reforma integral y de una ampliación «sin disponer de licencia municipal de obras».

Estas actuaciones se han ejecutado, además, en una parcela ubicada entre Cala Llosar y Cala Salada (Sant Antoni) en Suelo Rústico Protegido Área de Protección Territorial de Costa.

Deberá ser demolida tanto la propia vivienda, que es un chalé de dos plantas, como varias terrazas, siete salas técnicas, una piscina, muros y cierres y un camino privado de acceso a la costa que transcurre por una zona de servidumbre de protección hasta dominio público.

«Todas estas actuaciones son contrarias a la ordenación territorial y urbanística y, por tanto, manifiestamente ilegalizables, lo que supone que la propiedad tendrá que tirar abajo estas construcciones en un plazo de 12 meses», subraya el Consell.

En el caso de incumplimiento de la orden, la propiedad «se enfrentará a la imposición de hasta 12 multas coercitivas por importe de 75.346 euros cada una de ellas, correspondiendo al 10% del valor de las obras ejecutadas«, remarcan desde la institución. Serían un total de 904.152 euros.

Si aun así la propiedad no procediera al derribo, el Consell podrá ejecutar la demolición, repercutiendo los gastos al infractor.

Delito contra la ordenación del Territorio

Respecto a estas actuaciones, el Consell añade que actualmente existe, además, un procedimiento penal que está siendo instruido por los Juzgados de Ibiza por la posible comisión de un delito contra la ordenación del Territorio, «hechos que pueden comportar penas de hasta cuatro años de prisión», apuntan.

Hay que recordar que hace apenas una semana el Consell Executiu del Consell de Ibiza resolvió ordenar otra demolición: la de de una vivienda de nueva planta de 235 m² de superficie construida y un anexo construidos ilegalmente en la finca conocida como Villa Rocío propiedad de Francisca Sánchez Ordóñez, dueña a su vez de Casa Lola y conocida como Paquita Marsan. Esta villa de lujo alojó multitudinarias fiestas, bodas y todo tipo de ‘saraos’ a lo largo de estos años.

El motivo de esta orden de derribo es que la vivienda está construida en Suelo Rústico Protegido y en Área de Protección Territorial de Costa (SRP-APT-Costa).

El Consell subraya en un comunicado que el departamento de Gestión del Territorio ha conseguido hasta el momento que se echen abajo cinco construcciones ilegales (una vivienda a Cala d’Hort, una vivienda en el Pla de Corona, dos construcciones tipo yurta en ANEI y una instalación en la costa) y ha remitido a Fiscalía seis denuncias por delitos contra la ordenación del territorio en suelo protegido. Además de las multas, estos hechos pueden contar penas de hasta cuatro años de prisión.