EFE / El grupo ecologista GOB celebra que el Gobierno esté tramitando un Real Decreto para proteger las praderas de posidonia y el «algueró» y ha pedido que regule el fondeo, mejore la calidad del agua regulando los emisarios submarinos y vertidos, y que también regularice la retirada de restos de las playas.
La entidad ha explicado en un comunicado que ve con buenos ojos el desarrollo de un Real Decreto para la protección de las fanerógamas marinas en las aguas marinas del Mediterráneo español, que son la Posidonia oceanica y el «Algueró» (Cymodocea nodosa), y por ello ha presentado alegaciones al borrador.
El GOB destaca la importancia de ambas especies para el medio marino y para la biodiversidad del planeta, y que se trata de dos plantas marinas protegidas por normativa estatal, y como hábitat, por normativa europea, pero que no cuentan con una norma específica que determine cómo debe hacerse tal protección, que obligue a hacer un seguimiento de su estado de conservación.
Basándose en el conocimiento que ha supuesto el Decreto Posidonia vigente en Baleares desde 2018, el GOB ha hecho llegar al Ministerio para la Transición Ecológica las mejoras que considera necesarias en el borrador de Real Decreto para garantizar que sea un instrumento eficaz.
El GOB señala que tanto la Posidonia como el Algueró son plantas marinas formadoras de hábitat que generan grandes beneficios ecosistémicos, por lo que es vital garantizar su protección y conservación, en todo el territorio español, y que el fondeo sobre sus praderas y la retirada de sus restos son actuaciones de presión que debe abordar el decreto.
La entidad ecologista pide que también resuelva de forma concreta la problemática de la mala calidad del agua que llega al mar, por lo que reclama un artículo específico que regule los emisarios submarinos y los vertidos de aguas residuales al mar.
El GOB alerta del doble impacto de los emisarios, que causan daño físico en la pradera con su infraestructura, y fisiológico con el empeoramiento de la calidad del agua; y de los vertidos desde la costa.
Los ecologistas celebran que el borrador de Real Decreto obligue a mantener una distancia igual o superior a los 2,5 km de una pradera, para la instalación de nuevas instalaciones acuícolas y puntos de vertido a través de conducciones, pero reclaman que además obligue a que cualquier instalación que genere aguas residuales esté conectada a la red de saneamiento.
También reivindican que, en los puntos de vertido en un radio inferior a los 2,5 km de una pradera, como es el caso actual de los emisarios existentes, se haga un seguimiento del estado de conservación.
En referencia a la regulación y ordenación del fondeo, el RD apuesta por la implantación de fondeos de bajo impacto a través de boyas unitarias, pero especialmente de campos de boyas. El GOB pide que los proyectos de implantación de campos de boyas cuenten con un estudio de capacidad de carga con indicadores físicos y espaciales, pero también con indicadores biológicos, donde se identifique y se tenga en cuenta la biodiversidad presente en cada espacio.
Piden además que el Real Decreto incluya la creación de un servicio de vigilancia del fondeo, gestionado y adaptado a cada comunidad autónoma, que vaya más allá del existente en Baleares y tenga «capacidad sancionadora efectiva».
En cuanto a la gestión de los restos de estas especies en las playas, el GOB pide que exija una autorización de la administración y reducir el período de retirada de los restos: que en las playas urbanas nunca se retire antes de abril, y en las no urbanas, que el período no supere el abanico de mayo-septiembre.
Reclaman que el decreto defina con unos criterios claros cuándo se pueden retirar y cuándo no los restos y cuándo se puede realizar la retirada con maquinaria y de forma manual.
