Adolfo Utor: «La ley de regulación de acceso de vehículos a Ibiza es un despropósito»

El presidente y accionista único de la naviera Baleària, Adolfo Utor (Alhucemas, 1961), afirma que la ley de regulación de acceso de vehículos a Ibiza que debe de empezar a aplicarse el próximo 1 de junio es un «verdadero despropósito» que «atenta contra la conectividad» y duda de que técnicamente pueda ponerse en marcha este verano. Entiende que hay un problema de saturación en en la isla y que hay que actuar, pero sostiene que se ha errado en el diagnóstico y asegura que esta medida no solventará nada. Jurídicamente, va a actuar en todos los frentes junto al resto de las navieras afectadas, comenta en esta entrevista.

Dice que la ley de regulación de acceso de vehículos a la isla no solucionará el problema de saturación que vive Ibiza en verano. ¿Qué argumentos sustentan esta afirmación?

Creemos que la ley parte de un diagnóstico equivocado y no aborda el problema de fondo. El análisis de las cifras deja en evidencia que limitar el acceso de vehículos vía marítima tendrá una incidencia nula en las carreteras de Ibiza, pero el impacto en la conectividad de los residentes y turistas y en el abastecimiento de mercancías será nefasto y puede convertirse en irreversible. No se ha tenido en cuenta que la entrada de vehículos en la isla se ve compensada en cada escala con una salida de vehículos, en muchas ocasiones mayor. Los datos son claros: el saldo medio de vehículos presentes en la isla, entre entradas y salidas en ferry, suponen en verano (del 1 de junio al 30 de septiembre), el 1,5% del parque de vehículos de la isla y el 3,2% el día 12 de agosto, en su momento más álgido. Como vemos son cifras inapreciables respecto a los vehículos que circulan en la isla. Limitar a los ferries atenta contra la conectividad con los territorios más próximos. Hay que tener en cuenta que el 50% del movimiento de coches por ferry en verano se produce con las islas de Mallorca y Formentera. 

¿Qué medidas piensa que serían más efectivas que esta?

La digitalización de las carreteras de las islas, como se hace en las ciudades o en muchas islas de Europa y España, como Tenerife, que es un ejemplo a seguir; limitando y restringiendo la movilidad en los puntos calientes de tráfico. También las inversiones en infraestructuras de transporte público o la limitación de oferta habitacional ilegal, son campos donde las medidas serían más efectivas sin necesidad de sacrificar la conectividad marítima, esencial para la cohesión y vertebración de las Islas Baleares entre sí y con los territorios españoles vecinos de Cataluña y la Comunidad Valenciana. La medida tomada por Ibiza es inédita en Europa en islas de tamaño similar. Otras zonas turísticas congestionadas han aplicado mejores soluciones, como regular el acceso mediante reserva digital a determinadas zonas, o en determinadas horas o temporadas. Lo que no tiene sentido es sacrificar la conectividad al limitar la libertad de movimiento dentro del territorio nacional; es una medida desproporcionada y que podría atacar a un derecho fundamental, y todo ello para no conseguir solucionar el problema de congestión que padecen las carreteras en Ibiza. 

Ha mencionado que la normativa podría causar pérdidas millonarias a las navieras. ¿Podría detallar cómo afectaría esta medida a la operativa y economía de Baleària? ¿Repercutirá esta medida en un incremento del precio de los pasajes? ¿Y en las frecuencias?

El transporte marítimo no es un patrimonio de las navieras, es un activo a preservar y cuidar de todos los ciudadanos de las islas, y que los responsables públicos deberían promover. Es una infraestructura esencial y cualquier actuación que se haga sobre ella tiene efectos. En Ibiza, como en todas las islas, los conexiones marítimas son las carreteras y los ferrocarriles de la península, que cosen y vertebran  el territorio. Mientras en la península se quitan peajes y subvencionan las infraestructuras de transporte, en Ibiza se penalizan con leyes restrictivas a su uso. Las empresas navieras equilibramos nuestro presupuesto gracias a los ingresos de tres pilares: los suministros que llegan a través de las bodegas, los residentes y sus vehículos, y los turistas y sus vehículos… si una de estas patas se quiebra, el sistema colapsa y se puede deteriorar. Hemos invertido muchos millones de euros en barcos de última generación, rápidos y sostenibles. Pero si estos barcos no tienen los ingresos previstos, el sistema se pone en riesgo, y esto puede implicar reducir servicios, o subir precios, o trasladar estos barcos a otras rutas, sustituyéndolos por otros con peores prestaciones. Creo que no se han calculado los efectos colaterales de la norma, que perjudica al turismo que llega en barco, es decir, un turismo de proximidad y más familiar, frente al que llega en avión, que no tiene ninguna restricción, y no considera la mayor sostenibilidad del transporte marítimo discriminándolo frente al modo aéreo. 

También apunta la posibilidad de utilizar recursos jurídicos para frenar la medida. ¿Qué acciones legales está considerando Baleària para impugnar esta normativa?

Jurídicamente vamos a actuar en todos los frentes, de forma consensuada con todas las navieras. Ya presentamos alegaciones a la aplicación de la ley en su momento.

¿Podrá aplicarse la restricción este mismo verano? Se lo pregunto porque el sistema informático que debe gestionarlo no ha entrado aún en funcionamiento y ya debe de haber numerosas reservas para viajar con Baleària a Ibiza a partir de junio.

Vemos difícil que se pueda aplicar este verano; técnicamente hay muchos temas por resolver, y jurídicamente adolece de rigor. Este verano puede haber un auténtico caos de gestión derivado de los problemas burocráticos de tramitación de acceso a la isla. El sistema propuesto complica la gestión de la reserva y castiga al transporte marítimo frente a otros medios que no tienen ninguna limitación. También entrañará dificultades a los residentes, que deben acreditar que están exentos de pago, pero no de realizar la gestión. Especialmente a los procedentes de Mallorca y de Formentera. Si Mallorca copia la medida, los residentes en Ibiza se verán obligados a pedir permiso cada vez que viajen a Mallorca. Un auténtico despropósito. Las navieras y el Consell hemos acordado una mesa técnica de discusión, donde contrastar datos, clarificar el modelo y estudiar los efectos del proyecto en la red de transporte marítimo, con el objeto de intentar ajustar las medidas para que el transporte marítimo no se vea afectado. Los objetivos son muy ambiciosos y complejos, no es cuestión de tres meses. Se ha actuado sin rigor y con demasiada precipitación. Confío en que estemos a tiempo de enmendar esta calamidad. 

¿Esta ley puede tener consecuencias para Formentera también?

El 33% del tráfico de autos que tiene la isla entre el 1 de junio y el 30 de septiembre proviene de Formentera, la mayoría son residentes que vuelven de Formentera. Se puede dar la circunstancia de que se tiene que necesitar permiso para ir y luego de nuevo para volver. No es racional, la burocracia es insufrible para obtener cero resultados. Alguien tiene que parar este desacato. 

¿Cuál fue el cupo máximo de vehículos que transportó el año pasado su compañía a Ibiza en un solo día y en qué fecha fue?

Los datos que hay que contabilizar son los que suman todas las compañías. Y hay que tener en cuenta que en los barcos llegan coches diariamente, pero también se van, por tanto, lo relevante es el saldo entre los que entran y los que salen. El año pasado, el saldo medio diario entre el 1 de junio y el 30 de septiembre fue de 2.650 vehículos. Y en el punto máximo del verano, el 12 de agosto, alcanzó los 5.560 vehículos. Según datos de la DGT el parque móvil de la isla es de unos 172.000 vehículos, a los que habría que sumar los de los trabajadores que llegan antes del verano a la isla y los coches de alquiler. Por eso decimos que limitar los coches turísticos que llegan en nuestras bodegas, no va a tener efectos en la congestión. Además, por nuestros datos sabemos que la mayoría de los coches entran antes de mayo, de las personas que vienen a trabajar para la temporada. Por lo que entendemos que el cupo ya se encuentra cubierto por los trabajadores que ya han llegado a la isla, ya que la ley establece que los vehículos que no pagan el impuesto de circulación en la isla consumen cupo, y suponemos que la mayoría de los trabajadores fijos discontinuos que están llegando a la isla pagan el impuesto de circulación de sus vehículos en su ciudad de origen. La mesa técnica pretende aclarar estos datos y confirmar con ello que la aplicación de la ley es técnicamente inviable, el problema no se resuelve, y el transporte marítimo será herido de muerte. 

¿Cree que la sociedad insular tiene razón, sin embargo, en la percepción de que la isla y sus carreteras están masificadas durante los meses de verano y que se deben tomar medidas para frenar esta situación?

Creo que hemos dicho alto y claro que compartimos que hay un problema de saturación y que hay que actuar. Se trata de un tema complejo y es imprescindible hacer un diagnóstico basado en datos ciertos y ver dónde se puede actuar. Está claro que la isla tiene un parque móvil sobredimensionado, con más de un vehículo por habitante. En pocos años se ha doblado el número de residentes, hay más trabajadores al aumentar significativamente la calidad de la oferta, han aumentado los residentes permanentes como consecuencia del COVID, y la oferta residencial ilegal también se ha disparado. Hay más gente, hay más coches y hay más tráfico. Esta situación provoca una presión social que exige tomar medidas, que entendemos y compartimos… pero esta presión ha llevado a acordar unas limitaciones precipitadas contra la conectividad marítima sin contrastar los datos de forma fiable y sin consensuar con los sectores afectados. Se mata la conectividad marítima y no se resuelve ningún problema. Con nosotros no se han reunido hasta que ya han tenido el modelo y los cupos decididos. Un verdadero despropósito que tiene difícil explicación.