Ibiza vuelve a estar en el centro de una operación contra el crimen fiscal de escala europea. Ocho personas han sido detenidas —entre ellas, al menos una en Ibiza— en el marco de la Operación Gallagher, una macroinvestigación llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, que ha desarticulado una red criminal dedicada al fraude masivo en la importación y distribución de bebidas alcohólicas.
La red, que operaba entre 2018 y 2024, habría defraudado cerca de 69 millones de euros al eludir sistemáticamente el pago del IVA mediante un complejo entramado de empresas ficticias repartidas entre España, Portugal, Alemania, Malta y paraísos fiscales como las Islas Turcas y Caicos.
Ibiza, punto clave en una trama internacional
Aunque la organización tenía vinculaciones internacionales, la isla de Ibiza fue uno de los puntos donde se llevaron a cabo detenciones, junto con otras ciudades como Madrid, Barcelona, A Coruña, Valencia y Jerez de la Frontera.
Las detenciones en Ibiza confirman el alcance nacional del fraude, así como la implicación indirecta del tejido empresarial local en un delito de gran envergadura financiera que afectaba directamente a la Hacienda Pública española y a los intereses financieros de la Unión Europea.
¿Cómo operaban?
El fraude se centraba en la importación de grandes cantidades de alcohol desde depósitos fiscales europeos a España, donde eran adquiridas por empresas pantalla que desaparecían sin declarar ni ingresar el IVA correspondiente. A partir de ahí, las botellas eran vendidas en el mercado con facturas falsas, permitiendo precios muy por debajo del valor real y generando competencia desleal.
El dinero defraudado era luego blanqueado mediante una estructura paralela de compañías, y los beneficios se canalizaban fuera de la UE, ocultando su origen ilícito.
Testaferros y empresas fantasma
Los cabecillas, todos ciudadanos españoles, usaban testaferros como responsables legales de las empresas instrumentales. Así evitaban dejar huella directa, complicando la labor de los investigadores y diluyendo la responsabilidad penal.
La operación ha sido coordinada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), bajo la dirección de la Fiscalía Europea (EPPO).
