El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) pone en marcha hoy una recogida de firmas en defensa de los derechos del profesorado de la enseñanza pública de las Illes Balears que «se encuentra en situación de fraude de ley como consecuencia del abuso de la temporalidad», acusan.
Actualmente, «un elevado número de docentes de la enseñanza pública de las Illes Balears se encuentra en una situación de temporalidad abusiva», denuncian, «encadenando nombramientos durante años para cubrir necesidades estructurales y permanentes del sistema educativo».
Esta situación constituye «un fraude de ley, tal y como establece la normativa europea, en particular la Directiva 1999/70/CE, así como la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», remarcan.
Las medidas adoptadas hasta ahora por las administraciones educativas «no han resuelto el abuso de la temporalidad ni han garantizado la aplicación de una sanción efectiva, disuasoria y proporcional, tal y como exige el derecho europeo ante este tipo de fraude», añaden.
Lo que consideran «precarización del profesorado de las Illes Balears» derivada de esta situación «vulnera derechos laborales fundamentales y afecta negativamente tanto a la estabilidad de los equipos docentes como a la calidad del sistema educativo público, con consecuencias directas para el alumnado y para el conjunto de la comunidad educativa».
Por ello, desde el sindicato exigen el reconocimiento explícito de la situación de fraude de ley del profesorado afectado por el abuso de la temporalidad, así como la adopción inmediata de medidas que garanticen la fijeza del profesorado en esta situación y el cumplimiento efectivo de la normativa europea y la protección real de los derechos laborales del profesorado de la enseñanza pública.
La recogida de firmas que inician «es una herramienta legítima para exigir soluciones justas y definitivas a una problemática cronificada que la Administración de aquí se ha negado a resolver», destacan desde el sindicato.
Asimismo, el SIAU pone sobre la mesa el derecho a la jubilación a los 60 años, «una problemática que no solo afecta al profesorado interino en situación de fraude de ley, sino también al funcionariado de carrera que obtuvo plaza a partir del año 2011».
En relación con esta última cuestión, la entidad anuncia que se pronunciará públicamente mañana y explicará su posicionamiento y sus demandas, «con el objetivo de defender los derechos de todo el profesorado y garantizar unas condiciones laborales justas y dignas a lo largo de toda la carrera profesional», concluyen.
