El Comité Intercentros de GSAIB, empresa pública encargada del transporte sanitario urgente y no urgente de Baleares, así como de la central de emergencias y de la gestión del transporte programado del IbSalut, ha acordado por unanimidad convocar una huelga en las cuatro islas ante la falta de avances en varias reivindicaciones laborales.
La convocatoria contempla paros parciales los días 16, 19, 24 y 26 de junio, entre las 10.00 y las 12.00 horas y entre las 17.00 y las 19.00 horas. Además, los representantes de los trabajadores prevén realizar concentraciones coincidiendo con esos horarios, aunque los lugares todavía están por concretar. Si no se producen avances significativos en las negociaciones, la plantilla iniciará una huelga indefinida de 24 horas a partir del próximo 29 de junio.
Entre los motivos que han llevado al Comité Intercentros a convocar estas movilizaciones figura la falta de adaptación de las condiciones laborales a la Disposición Adicional 15 de la normativa aplicable, una situación que, según denuncian, se arrastra desde hace ocho años. Los representantes de los trabajadores también reclaman la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y de los complementos retributivos asociados.
Otro de los puntos de conflicto es la intención de la empresa, siguiendo indicaciones trasladadas por la Conselleria de Función Pública, de descontar de la masa salarial de los trabajadores el complemento de insularidad para transformarlo en un concepto indemnizatorio. Los sindicatos consideran esta medida «inaceptable».
Asimismo, denuncian el impago de sentencias judiciales y acuerdos adoptados por el Govern balear, así como la existencia de reclamaciones salariales pendientes de resolución. También exigen el reconocimiento y abono con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 del concepto de dietas para toda la plantilla.
Según explican los representantes sindicales, la reclamación de las dietas deriva de una modificación de las condiciones laborales implantada por la empresa el pasado mes de enero, cuando se pasó de jornadas de 7,5 horas a turnos de 12 horas. A su juicio, este cambio obliga a los trabajadores a realizar las comidas durante la jornada laboral sin que hasta ahora se haya reconocido la correspondiente compensación económica.
El responsable del Transporte Sanitario de UGT Illes Balears, Javier Marín, ha señalado que la adaptación salarial prevista en la normativa «está casi terminada», pero considera que la propuesta de descontar el complemento de insularidad de los salarios ha supuesto un retroceso en las negociaciones.
«La ley daba siete meses para la adaptación y nosotros llevamos ya ocho años intentándolo. Esto ha dinamitado cualquier posibilidad de acuerdo y nos lleva a esta convocatoria de huelga», afirma Marín, quien considera «inaceptable» convertir parte del salario de los trabajadores en un concepto indemnizatorio.
El sindicalista también denuncia retrasos en el abono de actualizaciones salariales, sentencias judiciales y acuerdos aprobados por el Consell de Govern. «Todavía hay resoluciones de 2020 y 2021 pendientes de pago», asegura.
Por su parte, el secretario del Comité de Empresa, Francisco Muñoz, critica que los trabajadores se vean obligados a asumir el coste de las comidas durante las jornadas de 12 horas mientras la empresa continúa a la espera de una autorización de Función Pública para abonar las dietas correspondientes.
Además, denuncia errores recurrentes en las nóminas y la acumulación de reclamaciones salariales sin respuesta, una situación que, según afirma, genera un creciente malestar entre la plantilla.
Entre los objetivos de la huelga figuran la adaptación negociada de toda la plantilla a la Disposición Adicional 15, la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo, el mantenimiento íntegro del complemento de insularidad, el pago de las cantidades adeudadas y el reconocimiento de las dietas con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.
«El tiempo y la paciencia se acaban», advierten los representantes sindicales, que apelan a la dirección de la empresa, al IbSalut y a la Conselleria de Función Pública para alcanzar una solución que evite que el conflicto termine afectando a los pacientes.
