El juez decano de Ibiza, Sergio González, ha asegurado a Noudiari.es que el real decreto que permitía suspender desahucios de personas en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional se ha “prostituido” en Ibiza, al ser utilizado, según sostiene, en numerosas ocasiones, por personas que no han podido acreditar documentalmente su situación.
El Real Decreto-ley 11/2020, aprobado en marzo de 2020 en el contexto de la pandemia de Covid-19, estableció medidas extraordinarias para suspender determinados procedimientos de desahucio y lanzamientos cuando concurrían situaciones de vulnerabilidad económica y no existía una alternativa habitacional. La medida fue prorrogada en sucesivas ocasiones, pero las últimas ampliaciones fueron derogadas por el Congreso en enero y febrero de 2026, por lo que estas suspensiones extraordinarias ya no están vigentes.
El debate sobre este tipo de protección ha vuelto a la actualidad tras el mediático caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada en Madrid después de que su piso fuese adquirido por el fondo de inversión Urbagestión, que incrementó notablemente el precio del alquiler en el edificio. Tras varios lanzamientos paralizados, finalmente Maricarmen, con una pensión insuficiente para afrontar la subida, alegando una situación de vulnerabilidad por enfermedad y sin alternativa habitacional, tuvo que abandonar la vivienda en la que había vivido durante décadas con una renta antigua. El caso ha generado una fuerte repercusión social y ha reactivado el debate sobre la necesidad de recuperar medidas de protección para inquilinos en situación de vulnerabilidad.
Sumar ha reclamado al Gobierno que apruebe un nuevo decreto de vivienda que incluya medidas frente a los desahucios. La formación ha pedido que el Consejo de Ministros del próximo martes 29 de septiembre apruebe la nueva norma y que posteriormente sea llevada al Congreso. La propuesta se encuentra todavía pendiente de los apoyos parlamentarios necesarios.
Según indica el juez decano, en Ibiza, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales dificultades para buena parte de la población, la desaparición de estas suspensiones extraordinarias no ha generado un aumento de los procedimientos de desahucio o lanzamientos en la isla, al menos según su experiencia.
Sin embargo, González insiste en que son muy pocos los casos en los que se acredita correctamente una situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional. A falta de un recuento estadístico, el juez decano asume que “quizá hay un 10 % de los casos de desahucio en los que se alega una situación de vulnerabilidad que es acreditada correctamente y concurren los requisitos para aplicar una suspensión”, explica.
Según señala, desde 2020 él mismo solo ha tenido “tres o cuatro casos” en los que se han cumplido los requisitos y se ha acreditado correctamente la situación de vulnerabilidad para paralizar el procedimiento mientras estuvieron vigentes las medidas extraordinarias.
Además de las medidas extraordinarias previstas en el Real Decreto-ley 11/2020 y sus prórrogas, sin vigencia desde el 28 de enero, el juez recuerda que existe otra vía para solicitar la suspensión de un procedimiento de desahucio: la Ley de Enjuiciamiento Civil, que contempla, en determinados supuestos de vulnerabilidad, la posibilidad de que el tribunal acuerde una suspensión temporal mientras las administraciones públicas adoptan las medidas que correspondan. El plazo máximo es de dos meses cuando el demandante es una persona física y de cuatro meses cuando es una persona jurídica.
“El objetivo de estas paralizaciones es que las administraciones públicas competentes puedan llevar a cabo la aplicación de ‘medidas oportunas’, como ofrecer una alternativa habitacional”, explica el juez decano, que plantea una problemática constante en la isla: “¿Qué pasa en Ibiza? Que da igual que se suspenda un lanzamiento porque la Administración no tiene viviendas para ofrecer alternativas o no puede adoptar ‘medidas oportunas’”.
Informes de vulnerabilidad “de boquilla”
Según González, que ha tratado casos de desahucio en su día a día como juez, la acreditación de la situación de vulnerabilidad económica constituye uno de los principales problemas en estos procedimientos.
“En la mayoría de ocasiones la Administración local expide el informe de vulnerabilidad de boquilla, es decir, según el relato del solicitante, sin aportar nóminas, certificados de desempleo o un certificado registral para comprobar que el solicitante no es propietario de un inmueble, por ejemplo, como se exige”, explica.
Todo ello, según sostiene, ha contribuido a que las medidas se hayan “prostituido”. Para ilustrar lo que considera un uso abusivo de la condición de “vulnerabilidad”, cita el caso de una petición de paralización de un desahucio en una vivienda de Santa Gertrudis cuyo alquiler mensual estaba fijado en 4.000 euros, una cantidad que, a su juicio, resulta difícilmente compatible con una situación de vulnerabilidad económica.
“Este tipo de peticiones con el único objetivo de dilatar el proceso hacen daño a las que sí son reales porque ralentizan el trabajo de la judicatura, ya que nosotros tenemos que analizar sí o sí cada caso, cada solicitud”, lamenta González.
“Este tipo de peticiones con el único objetivo de dilatar el proceso hacen daño a las que sí son reales porque ralentizan el trabajo de la judicatura, ya que nosotros tenemos que analizar sí o sí cada caso, cada solicitud”
No tiene sentido que si se considera un abuso del sistema judicial, no exista la posibilidad de trasladar los costes procesales a quien ha abusado. Y con intereses.
Está de moda que los inquilinos abusen porque se conocen muy bien la ley y se aprovechan de ella porque la opinión pública es contrària a los propietarios y pro pobres oprimidos que aunque tengan recursos o porque tienen hijos o simplemente por desídia de buscar un nuevo hogar y tener que hacer mudanzas, saben que la justicia es lenta y mientras no pagan y perjudican al pequeño propietario. No olvidemos que aquí no todos son fondos buitres.