La crisis de la vivienda y los asentamientos ilegales en Ibiza suma un nuevo y preocupante capítulo. La Policía Local de Sant Josep ha dado la voz de alarma tras realizar un control en una estructura inacabada en la zona de Cala de Bou, donde se estima que pernoctan más de 100 personas en condiciones de extrema precariedad.
El informe policial describe un escenario desolador que supone un riesgo evidente tanto para la salud pública como para la integridad física de los ocupantes. Entre las deficiencias detectadas, los agentes subrayan el fuerte hedor por la realización de necesidades fisiológicas en el lugar, así como la proliferación de insectos y roedores debido a la acumulación de basura orgánica y plásticos.
A la insalubridad se suma el peligro de derrumbe o accidente grave. La estructura carece de las mínimas medidas de seguridad: no hay barandillas, los suelos son irregulares y el espacio está plagado de agujeros, socavones y elementos metálicos punzantes.
La situación no solo afecta a quienes allí malviven, sino también a los residentes de las viviendas colindantes, quienes han visto mermada su tranquilidad e intimidad. «Es una problemática que abordamos de forma coordinada entre Policía, Urbanismo, Servicios Sociales y Educación», señalan desde el Ayuntamiento.
Sin embargo, la administración se topa con un muro legal: se trata de un espacio privado. Por este motivo, el Consistorio ha subrayado que la colaboración de la propiedad es «fundamental» para poder ejecutar cualquier medida administrativa o judicial que ponga fin al asentamiento.
Esta intervención policial confirma la preocupante tendencia al alza que ya adelantó NouDiari hace apenas unos días, cuando se detectó un aumento repentino de las infraviviendas en esta misma estructura de hormigón.
Si en aquel momento el número de asentados ya era alarmante, las cifras actuales ratifican que la falta de alternativas habitacionales está desbordando la capacidad de control en la zona.
La rápida expansión del asentamiento ha transformado lo que inicialmente eran casos aislados de pernocta en una comunidad de más de un centenar de personas que subsisten en condiciones infrahumanas.
Según los datos recabados en las últimas jornadas, la estructura se ha ido compartimentando de forma rudimentaria para dar cabida a nuevos residentes, lo que multiplica los riesgos de incendio y colapso higiénico denunciados por las autoridades.
Si el espacio privado perjudica a otras personas, entonces no es que tenga que colaborar con la policía, es que es corresponsable de las molestias generadas, y por tanto tiene que actuar activamente para acabar con el problema o enfrentarse a sanciones.
Ahora bien, estaría bien conocer por qué no se ha podido terminar con la construcción del edificio.