Familiares de afectados por las negligencias en Sa Residència Colisée acusan al Consell de Ibiza de «violencia institucional» y consideran «insultante» la cuantía de la sanción

Una de las familiares de los mayores y ancianos afectados por las graves deficiencias de higiene, atención y salud en Sa Residència Colisée que publicó Noudiari en febrero de 2023 ha actuado de portavoz hoy del colectivo en una demoledora intervención al final del pleno del Consell de Ibiza al que han asistido muchas de las familias afectadas.

«En nombre de nuestros padres y madres, de los familiares y allegados presentes en esta sala y los abajo firmantes, venimos a manifestarles nuestra más profunda repulsa contra la resolución del expediente sancionador a la empresa Colisée, que gestiona Sa Residéncia, así como nuestra indignación por el cinismo que ustedes han demostrado durante todo el proceso».

Un proceso que la portavoz ha calificado de “violencia institucional”, en el arranque de un discurso que ha sido celebrado con aplausos por las personas que ocupaban las butacas y también por la oposición en el Consell. 

La portavoz ha recordado que, en diciembre de 2022, los familiares fueron los primeros en denunciar la situación que estaban viviendo los mayores residentes en Colisée: «fuimos nosotros, las familias, quienes pusimos en marcha este expediente en el que, una vez más por la mala fe de ustedes, que no tuvieron la decencia de informarnos en todo este periodo, no hemos podido participar», ha lamentado.

Las familias sostienen que si les hubieran tenido en cuenta, hubieran podido demostrar, por ejemplo, «que la empresa les estaba presentando documentación falsa para justificar el abuso de las sujeciones físicas a las que Colisée estaba sometiendo a muchos de nuestros familiares».

«También hubiéramos podido aportar informes de ingresos hospitalarios, consecuencia de la mala praxis de los supuestos profesionales que en aquel momento ejercían en Sa Residència y que causaron ingresos por deshidratación (para la cual no existía protocolo alguno) o por intoxicaciones producidas por el abuso en la administración de medicación y falta de seguimiento en las pautas de esta«.

También hubo ingresos hospitalarios por «sepsis, como consecuencia de las infecciones no diagnosticadas, o cuya medicación estuvo mal pautada o administrada y por ictus, como consecuencia de la nefasta administración y control de los anticoagulantes, además de por infecciones en úlceras por presión, por ausencia de un seguimiento y unas curas adecuados», lamentan.

La portavoz, Carmen Ortiz, ha leído el texto con voz firme aunque emocionada y ha remarcado que ha sido «insultante» que hayan rebajado una falta muy grave, como es la falta de titulación de los trabajadores, «a falta grave, haciendo un burdo copia y pega de las alegaciones presentadas por Colisée», amparándose, dice, en que “dicha situación no supuso un riesgo para la integridad de los usuarios”. «¿A qué llaman ustedes integridad?», ha dicho la portavoz en el salón de plenos. 

Los familiares se muestran escandalizados porque han sancionado estas gravísimas faltas «aplicándole el rango más bajo estipulado para una falta grave, que son 12.001 euros, habiendo podido llegar hasta 60.000, como dice la ley».

La portavoz ha recordado también el Artículo 133 de la Ley 4/2009: «En los supuestos en los que el beneficio económico conseguido como consecuencia de la comisión de la infracción supere la cuantía de la sanción establecida en esta ley, esta se elevará hasta la cuantía necesaria para que supere entre el 10% y el 25% del beneficio obtenido”. Y ha dicho al respecto: «Si se han leído el artículo, que seguramente no lo han hecho, ¿realmente creen que el beneficio que Colisée ha obtenido por la comisión de cualquiera de las dos infracciones que ustedes sancionan, es inferior a 12.001 euros?», ha subrayado. 

Afirman, además, que muchas infracciones graves fueron constatadas en la inspección pero no han sido tenidas en cuenta en la resolución del expediente, «como el hecho de no tener el expediente asistencial de cada persona usuaria con el contenido requerido (falta grave); superar el límite de ocupación de personas usuarias en espacios de uso común, actividades y convivencia (falta grave); incumplir las condiciones relativas a la higiene, la salud y las dietas de las personas usuarias, en la organización y en la administración de los medicamentos y en el acceso a los recursos sanitarios necesarios (falta muy grave); o incumplir la normativa reguladora de los requisitos mínimos y de los estándares de calidad que tienen que cumplir los servicios para poder funcionar y continuar manteniendo en el tiempo las condiciones de concesión de la autorizaciones administrativas o de la acreditación, cuando el incumplimiento ponga en peligro la salud o la seguridad de las personas usuarias, o sea si integridad (falta muy grave)», ha enumerado.

Los familiares insisten que no es una cuestión de dinero sino de «defender la dignidad de los mayores más vulnerables de Ibiza, de demostrarle a este tipo de empresas que con la salud física y emocional de nuestros ancianos, con su integridad, ni se juega, ni se hace así negocio». 

«Esto, métanselo bien en la cabeza, es lo único que defendemos los familiares. Y lo que ustedes le están transmitiendo a la multinacional Colisée desde este Consell, es que tiene manos libres para abusar cuanto les plazca de los mayores de esta isla«, ha añadido Carmen Ortiz.

«Lo que la sociedad ibicenca tiene que entender, de una vez por todas, es que los mayores alto-dependientes, los muy mayores, están abandonados a su suerte, porque no existe administración alguna que los defienda ante el atropello de sus derechos por parte de empresas que lo único que buscan es el beneficio puro y duro, a costa de lo que sea. Ustedes, señor presidente, lo están consintiendo y a esto se le llama violencia institucional«, ha añadido en el contundente escrito que ha leído hoy en la sesión plenaria.

Y se ha dirigido directamente al presidente del Consell de Ibiza: «Cumpla usted con lo que se comprometió en su discurso de Navidad del año pasado, donde dijo que harían todos los esfuerzos posibles para dar respuesta a las necesidades de los ibicencos, atendiendo a las personas y colectivos más vulnerables”.

«Así no se vela por el bienestar, el respeto y la dignidad de sus mayores, porque son suyos, sobre todo aquellos que por diversas razones están institucionalizados y, por lo tanto, residiendo en lugares bajo la tutela de la Administración que usted representa. Denles a sus mayores, suyos también, un final de vida digno y no esta farsa», ha continuado.

Para terminar, la portavoz ha dejado claro que la lucha va a continuar y que van a llegar hasta el final: «nuestros familiares se irán marchando, pero nosotros seguiremos aquí y cada vez seremos más, velando por la dignidad de los que estuvieron, los que están y los que estaremos, y en ese camino pueden estar ustedes de dos formas: o enfrente, o a nuestro lado. Ustedes deciden donde quieren que nos encontremos», ha concluido. 

El presidente del Consell, Vicent Marí, por su parte, tras escuchar la intervención ha asegurado que «lamenta profundamente» el trance por el que han pasado los familiares pero ha rechazado la acusación de violencia institucional o de dejación de funciones porque «se ha abierto un expediente y se ha hecho una inspección con unos resultados que pueden ser más o menos satisfactorios pero que redactan los técnicos».

Ha admitido que tal vez hay que cambiar la ley para elevar la sanciones. «Se ha instruido un expediente y ojalá se hubiese podido sancionar más, pero se ha seguido un procedimiento administrativo y ningún conseller ha intervenido», ha insistido.

Se ha ofrecido a sentarse de nuevo con los familiares para hablar de todas las cuestiones en las que les puedan ayudar y ha añadido que están en contacto permanente con la empresa y con la conselleria balear para encontrar una solución satisfactoria. Ha remarcado, además, que ha habido mejoras en la residencia desde las primeras denuncias, una afirmación que los familiares presentes han rechazado.

La consellera Carolina Escandell también ha subrayado que las sanciones impuestas son las que marca la ley y ha coincidido con Marí en que, si hay que promover un cambio en la ley para elevar las sanciones, se hará. «La inspección la han hecho profesionales. No me agrada el resultado», ha admitido.