Fiscalía pide 5 años de prisión para los dueños de un local de Sant Antoni por exceso de ruido

@Noudiari/ La Fiscalía pide cinco años y medio de prisión y una multa de 178.200 euros para los propietarios del local de ocio ‘Coastline’, de Sant Antoni, por «exceder durante cinco años el nivel de sonido permitido, tanto durante el día como a altas horas de la madrugada, a través de varios equipos y altavoces, espectáculos pirotécnicos, pitos y timbales».

El escrito de acusación del Ministerio Público se dirige contra los administradores de la entidad Baroque Affairs, encargada de la explotación del local, y solicita su clausura. La acusación pide asimismo que los procesados indemnicen con 20.000 euros a cada uno de los vecinos afectados y que, entre 2002 y 2006, «sufrieron como consecuencia ansiedad, estrés, nerviosismo, insomnio y angustia».

Los acusados serán juzgados el lunes 1 de junio, por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma. Sobre ambos pesa un delito contra el medio ambiente -en su modalidad de contaminación acústica con grave riesgo para la salud y con las agravaciones de clandestinidad y desobediencia a las autoridades-, y once faltas de lesiones.

Los propietarios han sido denunciados en diversas ocasiones y contra su establecimiento han sido incoados hasta 17 expedientes de infracción, quince de los cuales se saldaron con la imposición de sanciones de 150 euros a las que ninguno de los acusados hizo frente.

Infracciones reiteradas

El ‘Coastline’ obtuvo licencia de apertura y funcionamiento en julio de 2002 como restaurante y café concierto, con la condición de que la actividad se desarrollara dentro del local, con puertas y ventanas cerradas, que además debían cumplir las condiciones de aislamiento de manera independiente.

Pese a ello, según la Fiscalía, «los propietarios infringieron de forma sucesiva estas prohibiciones mediante actividades cuyo volumen excedía los máximos permitidos por las normativas reguladoras». Según señaló, las infracciones se sucedieron «pese a ser absolutamente conocedores de los padecimientos que estaban sufriendo los vecinos de la zona, que lamentaron deterioros en su tranquilidad, estado de ánimo, reposo y sueño».

Uno de los episodios que relata el escrito tuvo lugar en la madrugada del 16 de septiembre de 2005, cuando, pese a haberse personado horas antes agentes de la Policía Local para formular denuncia, el establecimiento continuó con las puertas y ventanas abiertas y con las torres de altavoces en funcionamiento.

Es más, el 5 de julio de ese año, el alcalde había acordado el precinto de los equipos musicales del ‘Coastline’, ejecutado ese mismo día a las 20.20 horas, tras lo cual los acusados respondieron esa noche con la organización de un evento musical de timbales en la playa para amenizar la velada de los allí presentes.

Al día siguiente, el primer edil acordó levantar el precinto. Con su actuación, los dos propietarios infringieron la Ley contra la contaminación acústica de Baleares, el Decreto de medidas de protección contra la contaminación acústica del medio ambiente, y la ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibraciones.