En lo que va de año ya son 17 las denuncias por estacionamiento en suelo rústico gestionadas por el Consell de Ibiza. En 2025 fueron un total de 13, la mitad presentadas en Sant Antoni por la propia policía local.
Las propuestas de sanción son de entre 10.001 y 30.000 euros al amparo de la Ley 5/2024. Sin embargo, varios de los afectados han decidido no aceptar las multas y presentar recursos, respaldados en su mayoría por el asesoramiento de Jesús Gallardo, presidente de la Plataforma Autocaravanas Autónoma (PACA) y experto en legislación sobre vehículos vivienda, autor en 2019 del primer libro publicado en España sobre esta materia.
Uno de los argumentos centrales de los recursos a los que ha tenido acceso Gallardo, un total de seis hasta la fecha, es que la Administración no ha aportado pruebas suficientes para acreditar que los vehículos permanecieron estacionados de forma continuada en el mismo lugar durante más de tres días, que es el umbral que establece la normativa. «Para demostrar que un vehículo ha estado de forma perenne más de tres días en el mismo sitio necesitarías una grabación continua de 72 horas. Presentar una foto del día 1 y otra del día 4 no es una prueba fehaciente. Yo me puedo ir a las once de la mañana y volver a las cuatro de la tarde», señala Gallardo.
Los recurrentes alegan además otros posibles defectos de forma en los expedientes como «ausencia de identificación precisa del lugar exacto donde se produjo el supuesto estacionamiento irregular», e informes de inspectores que, según los afectados, contienen inexactitudes o no reflejan fielmente lo ocurrido.. «No te dicen dónde estabas exactamente. No sabes si estabas en la puerta de un hotel, en el campo de tiro o en medio de un pinar», apunta Gallardo, quien considera que estas carencias deberían bastar para anular los expedientes «por defecto de forma».
Una multa mayor que la fianza para salir de la cárcel
Gallardo no oculta su indignación y la de las personas afectadas, en su mayoría trabajadores con recursos muy limitados, ante la cuantía de las sanciones. «Cuesta bastante menos dinero pagar una fianza para sacar a una persona de prisión preventiva que lo que le están poniendo a alguien por estar tres días estacionado. Estamos hablando de trabajadores, de personas sin recursos, de una pareja a la que han puesto 20.000 euros a cada uno, 40.000 en total, por tener cada uno su vehículo«. Para este experto, la sanción es «desorbitada y desproporcionada», y supone en la práctica una ruina económica para quienes la reciben. «No olvidemos que viven ahí porque no pueden acceder a una vivienda ‘normal’ por los precios de Ibiza y que son trabajadores y trabajadoras de empresas de Ibiza, no son indigentes ni delincuentes», añade.
La ley, además, incluye un mecanismo de reducción que algunos afectados ya han perdido: si el sancionado no recurre y reconoce los hechos, obtiene un descuento del 40% sobre la multa. Al interponer el primer recurso, ese descuento baja al 20%, y al llegar al segundo desaparece por completo. Según ha podido saber este medio, varios de los afectados, confiando en que una reclamación sencilla sería suficiente, presentaron recursos sin suficiente base jurídica, lo que les costó perder ese 40% de rebaja sin conseguir nada a cambio.
¿Una ley anticonstitucional?
Gallardo va más allá en su valoración y considera que la normativa vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española. En concreto, cita el artículo 19, que garantiza la libertad de circulación por el territorio nacional. «No me pueden obligar, cuando voy a una isla, a tener que ir sí o sí a un camping. Si entras en Ibiza entre junio y septiembre sin acreditar una reserva en un camping, no te dejan subir al barco. Eso coarta la libertad de movimiento de cualquier ciudadano», sostiene, en referencia a las restricciones de acceso previstas para estos vehículos.
El experto recuerda que durante el estado de alarma de 2020 la normativa estatal limitó la movilidad y obligó al confinamiento en la residencia habitual o en el lugar de permanencia, lo que dio pie a interpretaciones sobre el uso residencial de autocaravanas. Además, sostiene que el empadronamiento y diversa normativa reconocen determinadas formas de residencia no convencionales.
En su opinión, será necesario llegar al contencioso-administrativo en varios de los casos, y no descarta la vía del Tribunal Constitucional para dirimir si la Ley 5/2024 vulnera derechos fundamentales.
El Consell intensifica la presión
Mientras tanto, el Consell de Ibiza ha anunciado que endurecerá las actuaciones. Tras una reunión del Consell de Alcaldes, su presidente Vicent Marí declaró que «el tiempo de las advertencias generalizadas ha terminado» y anunció la creación de una base de datos compartida entre los municipios para evitar que las caravanas eviten la multa cambiando de término municipal. Entre el 10 de febrero y el 5 de mayo, se colocaron 56 avisos informativos en vehículos, aunque gran parte de ellos no derivaron en expediente porque los propietarios abandonaron el lugar voluntariamente.
A partir del 1 de junio, toda caravana que quiera acceder a la isla deberá acreditar una reserva en un camping a través de la web ibizacircular.es, condición que la naviera exigirá antes de permitir el embarque del vehículo.
Gallardo advierte de que esta presión tendrá consecuencias para la economía local. «A partir de junio no habrá suficientes camareros ni cocineros en la isla. Muchos trabajadores de temporada que vivían en sus vehículos ya se están yendo, y los que tienen una multa de 20.000 euros encima no van a volver», concluye.
