EFE / El Parlament ha acordado este miércoles solicitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que investigue si se han producido pactos ilegítimos entre compañías aéreas en relación con los precios de vuelos a Baleares.
La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Parlament ha aprobado por unanimidad parte de una proposición no de ley del grupo socialista pidiendo dicha investigación a la CNMC, ya que no la ha llevado a cabo de oficio, y ha lamentado que «quiera hacer recaer sobre los derechos de los ciudadanos de las Islas Baleares los abusos y las malas praxis comerciales que la propia Comisión ha detectado por parte de las compañías aéreas».
Además ha aprobado, con 10 votos a favor (de GxF, MÉS per Mallorca, Unidas Podemos, PP y PSIB) y 2 votos en contra (Vox y Ciudadanos), instar al Gobierno central «a tomar todas las medidas a su alcance para hacer que los vuelos con origen y destino en Baleares tengan los precios que corresponden de acuerdo a lo que determinan sus costes (con los legítimos beneficios comerciales)».
Reclaman que se valoren «todas las posibilidades, como una limitación de precios con el establecimiento de un régimen de tarifas máximas que se adapte en todo momento a las necesidades de la demanda, en especial en beneficio de los ciudadanos residentes en las Islas».
La comisión ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno a mantener en sus términos actuales el descuento de residente del 75 % así como su sistema de aplicación, «sin imponer ninguna medida ni procedimiento que pueda ir en perjuicio de los derechos de los ciudadanos de las Islas Baleares».
El diputado socialista Damià Borràs ha defendido la necesidad de que el Gobierno garantice que el descuento de residente del 75 % no comporte incrementos en los precios de los billetes. Según Borràs, «se ha de poner freno a la práctica llevaba a término por las compañías aéreas, que evidencia el estudio de la CNMC, por el perjuicio que comporta para los isleños», ha informado el PSIB en una nota.
Por otra parte, la comisión ha rechazado una proposición no de ley del grupo popular reclamando información, agilización y nuevas líneas de ayudas previstas para el alquiler.
