El Ayuntamiento de Sant Josep ha podido hacer un inventario de todos los grandes elementos que han hallado en el vertedero ilegal de Cala Tarida, gestionado por el llamado ‘Pirata de Porroig’, acusado de gestionar amarres ilegales y de amenazar de muerte a las personas y colectivos que lo han denunciado o que trabajaban para recuperar la zona, como es el caso de los buzos de Maltesa del mar o de la ex concejala de Medioambiente, Mónica Fernández.
Se han identificado unos 170 grandes elementos, entre los cuales destacan 72 embarcaciones y remolques, un total de 71 vehículos, 16 vehículos grandes y 11 velomares.
Tal y como comunican los técnicos de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sant Josep, hoy ya ha empezado la retirada de algunos vehículos.
Una parte de estos vehículos identificados están pendientes de comprobación de si tienen alguna causa pendiente por parte de la Policía Local, Guardia Civil u otras autoridades.
Aparte de todo esto, se han identificado otros residuos de menor volumen como chatarras, escombros y maquinaria diversa.
Este terreno se encuentra en la zona de Cala Tarida, y, el pasado viernes, el Consistorio accedió a su interior para desmantelarlo con orden judicial y escolta de la Guardia Civil y Policía Local.
El propietario, Evaristo Soler, está acusado de gestionar también amarres ilegales en la bahía Porroig y ha sido condenado en dos ocasiones por amenazas.
En esta ocasión se ha mostrado colaborativo y ha permitido entrar a los operarios de Herbusa que llevan a cabo la limpieza.
El presupuesto de la limpieza es de 750.0000 euros y el propietario tendrá que abonarla aunque ahora se haga cargo de la factura el Consistorio.
La situación de abandono de la parcela comenzó a ser objeto de denuncias hace casi 10 años, en 2015.
El dueño recibió tres requerimientos para que limpiara su finca hasta que el pasado 20 de febrero se le comunicó la entrada por orden judicial.
El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, ha explicado que mantendrá “un mínimo” de presencia policial para poder auxiliar a los trabajadores en caso de “cualquier represalia o conato”.
Por su parte, el abogado del propietario, Daniele Mundula, ha asegurado que su defendido “padecía una patología mental”. “Está claro que esta forma de actuar, de llevar de forma ‘maniacal’ toda la chatarra, de conservarla, puede ser considerada no muy común”, ha dicho, y ha indicado que su cliente ha empezado a retirar residuos con sus propios medios llevando al desguace “vehículos, baterías y material contaminante”, de los que tiene todo los recibos.
Según ha añadido, el pago de los 750.000 euros del coste del operativo puede suponer “un gran perjuicio” a su cliente, porque conllevará “al embargo de la finca” y la pérdida de su “hogar” por lo que espera que el juez conceda una “última posibilidad” de “cumplir la orden”.
La exconcejala de Medio Ambiente, Mónica Fernández, fue amenazada de muerte por Soler en mayo de 2021 cuando le entregó al propietario la notificación de la apertura del expediente.
Redacción / EFE
