La Asociación de Amarristas del Club Náutico de Ibiza expresa su profundo malestar ante la reciente decisión adoptada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), que ha acordado prorrogar por un año más la concesión a Puertos y Litorales Sostenibles, S.L. (PyLS), actual gestora del Port Nàutic Eivissa.
Según explican a través de un comunicado, la prórroga fue aprobada con el único voto en contra de Mariano Juan Colomar, vicepresidente del Consell Insular d’Eivissa y representante de la isla en el consejo de la APB, mientras que el consejero por Formentera se abstuvo. Esta decisión, señalan, se produce a pesar de las múltiples denuncias presentadas durante el último año por la Asociación de Amarristas, que alertaron sobre los incumplimientos graves y reiterados en la gestión de la instalación, como amarramientos fuera de normativa, la falta de servicios comprometidos (como la escuela de vela y el fomento de regatas), y el incumplimiento continuado del proyecto con el que PyLS obtuvo la autorización.
La APB ha defendido su decisión en un informe favorable que atribuye los retrasos a los efectos de la DANA que afectó la provincia de Valencia en octubre de 2024. Sin embargo, la Asociación de Amarristas considera esta justificación completamente insuficiente, calificándola como un “insulto a la inteligencia de los usuarios y de la ciudadanía”, ya que los problemas denunciados no tienen relación alguna con las condiciones meteorológicas ni con la situación de Alicante. A juicio de los usuarios, el argumento utilizado por la APB no respalda la falta de avance en proyectos clave como la puesta en marcha de la escuela de vela o la organización de regatas, servicios que deberían haberse implementado desde hace tiempo.
Además, la Asociación denuncia la falta de transparencia en torno a la gestión de la concesión, dado que «se desconoce si PyLS ha presentado en tiempo y forma el proyecto de ejecución y el acta de replanteo, o si la obra que se está llevando a cabo responde a los proyectos aprobados por la APB». Las solicitudes de información presentadas por la Asociación continúan sin respuesta, denuncian, «alimentando la sospecha de que se están tomando decisiones sin el debido control ni legalidad».
La APB, por su parte, ha afirmado que mantiene abierto un “proceso instructor y diligencias informativas” en relación con las denuncias presentadas, pero no ha incoado ningún expediente sancionador ni iniciado el procedimiento de caducidad, a pesar de los flagrantes incumplimientos constatados. Esta inacción, en un contexto de denuncias continuas y una gestión claramente deficitaria, es vista por los usuarios como incomprensible e injustificable.
Según denuncian desde Asociación de Amarristas del Club Náutico de Ibiza, no es la primera vez que la Autoridad Portuaria «actúa con temeridad y desprecio por el interés general», tal como recogió la Sentencia 207/2020 del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares: “apreciamos temeridad en la actuación procesal de la APB que prefirió insistir en la defensa del acto impugnado, pese a las claras y reiteradas advertencias de ilegalidad expresadas por esta Sala. «Parece que esta actitud contumaz lejos de corregirse, se ha consolidado como práctica habitual, mientras la defensa del interés general —que debería ser su principal deber— brilla por su ausencia», señalan.
La Asociación de Amarristas del Club Náutico de Ibiza exige a la APB la publicación inmediata de los informes técnicos y/o jurídicos, fechas de presentación, proyectos de ejecución, acta de replanteo (si hay) y cualquier otra documentación que haya servido para justificar esta prórroga. De lo contrario, se consolidará la percepción de «una administración cómplice de un modelo de gestión opaco que protege a un operador privado en perjuicio del interés público», denuncian a través del escrito.
«Mientras los usuarios siguen viendo cómo se incumplen los compromisos del concurso sin consecuencias, la APB continúa premiando a una adjudicataria incumplidora con más tiempo y más concesiones. Esta conducta solo refuerza el descrédito institucional de la APB, que parece haber olvidado que su principal responsabilidad es proteger el bien común, no encubrir el fracaso de una gestión privada que no ha cumplido con los estándares establecidos», concluyen.
