NouDiari / El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha acordado sacar a concurso público la gestión de los amarres para embarcaciones de gran eslora en la dársena de Levante del puerto de Ibiza.
El acuerdo de la licitación se toma una vez que el pasado mes de agosto el Consejo de Estado informase favorablemente la declaración de caducidad de la concesión que ostentaba la empresa YSM Marinas y Puertos España SL, bajo la marca Sovren Marina.
Como novedad, en esta concesión se permitirá el atraque de embarcaciones a partir de 20 metros de eslora, en el caso de que sean de base —es decir, con una estancia mínima de seis meses al año— o bien transeúntes en temporada baja.
«Esta medida se toma con el objetivo de garantizar una mayor presencia de embarcaciones y potenciar así la actividad económica de la zona de la Marina durante toda la temporada», afirma la APB en un comunicado.
Al igual que la anterior, esta nueva concesión comprende la gestión de 42.152 metros cuadrados de superficie —38.852 m2 de lámina de agua y 2.745 m2 de tierra— y de dos líneas de atraque, una de 240 metros en el muelle de Levante y otra de 115 metros en el lado este del Contramuelle, conocido popularmente como es Martell.
También formará parte de la concesión la planta baja del edificio de es Martell, de unos 600 metros cuadrados, que podrá ser destinada a locales comerciales para aquellas actividades autorizadas por la APB. La cubierta y las escaleras del edificio continuarán siendo de uso público como hasta ahora, al igual que la superficie del muelle, donde queda prohibida la instalación de cerramientos o mamparas que impidan el uso peatonal.
Caducidad de la concesión
El plazo de la concesión será para un máximo de doce años y con una tasa de ocupación a mejorar de 408.019,20 euros anuales. La APB hará entrega al concesionario de las instalaciones en el estado en el que las dejó Sovren Ibiza en la fecha de la caducidad de su concesión, con obras en parte inacabadas.
Actualmente, la empresa YSM Marina y Puertos de España adeuda al organismo público un total de 5,5 millones de euros.
