EFE / El Parlament balear ha ratificado este martes el último decreto de restricciones urbanísticas del Govern, que limita más la construcción de viviendas en suelo rústico, con el respaldo de los diputados de PSOE, Podemos, Més per Mallorca y Grupo Mixto, el rechazo de PP, Vox y Ciudadanos y la abstención de El Pi.

El decreto, aprobado por el ejecutivo el 27 de diciembre, prohíbe que los municipios delimiten nuevos sectores de suelo urbanizable mientras quede vacante más de un 15 % de superficie con esa consideración o una superficie sin desarrollar equivalente a la que se pretende habilitar.

El conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha hecho hincapié en su intervención en el pleno para defender la norma en la importancia de «preservar el suelo rústico para sus usos legítimos» y limitar un crecimiento residencial expansivo que compromete los recursos naturales.

Todos los portavoces de la izquierda han coincidido en ese planteamiento, mientras que el diputado del PP Sebastià Sagreras, ha censurado el «decretazo», contrario al «interés general» y perjudicial para los pequeños propietarios.

Tanto los grupos que han rechazado la norma como El Pi han pedido su tramitación como proyecto de ley, lo que ha sido descartado por la mayoría de izquierdas de la cámara.

El conseller Mir ha hecho hincapié en que el crecimiento de la población en suelo rústico, que acumula en 20 años un incremento del 41 %, conlleva el aumento del transporte en coche, de las infraestructuras de carreteras y de los pozos privados de extracción de agua, con el consiguiente deterioro medioambietal.

El titular de Medio Ambiente y Territorio ha hecho un llamamiento a la «responsabilidad» del PP de cara a las generaciones futuras, aunque de inmediato le ha acusado de oponerse «siempre» a las medidas de preservación del medio ambiente y de argumentar que habilitar nuevo suelo urbanizable contiene el precio de la vivienda, algo que la experiencia desmiente.

El diputado popular Sagreras ha responsabilizado al Govern de generar con continuos cambios legislativos y anuncios de restricciones una inseguridad que induce a los propietarios de suelo a ejecutar obras para no perder el valor de sus terrenos y a los dueños de casas a venderlas a extranjeros. Además, ha acusado al ejecutivo de vulnerar la autonomía de los ayuntamientos.

Marc Pérez-Ribas, de Ciudadanos, ha incidido en la falta de diálogo del Govern con los consells y los municipios, «los principales afectados», y ha subrayado que el decreto es un acto de «intervencionismo» con la excusa de proteger el medio ambiente.

En nombre de Vox, el diputado Jorge Campos ha señalado que, «o se construye, o vivir en las islas será cada vez más un lujo» y ha recordado, como otros portavoces, que las patronales del sector de la construcción han asegurado que las políticas urbanísticas del ejecutivo favorecen el aumento del precio de la vivienda.

Joan Ferrer, del PSOE, ha acusado al PP de favorecer la especulación y ha animado a «acabar con el modelo expansionista y desarrollista» que «nada tiene que ver con la libertad».

El portavoz en el debate de Podemos, Pablo Jiménez, ha abogado por una moratoria que detenga la construcción residencial en suelo rústico y la diputada de Més per Mallorca Joana Aina Campomar y reprochado a la derecha que apueste por «el beneficio inmediato» en lugar de la preservación de las islas de cara al futuro.

Por parte de El Pi, Josep Melià ha apuntado que la mayoría de los preceptos del decreto aprobado solo afectan a Ibiza y ha lamentado el «galimatías normativo» que entorpece la actividad ordenada en el sector de la construcción.