@Noudiari / Rafael Gómez Arribas es noticia hoy por perder el aeropuerto de Ciudad Real y ganar 80 millones de euros gracias a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que le reconoce el derecho a cobrar dicha cantidad por la anulación de la licencia para edificar en unos terrenos en la zona protegida de Punta Pedrera, Port des Torrent.
Dicha sentencia se dio a conocer el pasado 5 de diciembre y generó un gran revuelo entre los socios de gobierno de las islas e incluso en los ayuntamientos afectados por la gran cantidad económica a la que se enfrenta el Govern Balear.
En julio de 2006 se le otorgó la licencia a las sociedades de este empresario, Punta de Ibiza y Mecron, para construir 244 apartamentos en Punta Pedrera, pero un año después, con las obras ya empezadas, el Ayuntamiento de Sant Josep anuló la licencia gracias a la presión vecinal, ya que se temía que los apartamentos llegaran hasta la costa. En 2008, el Govern Balear protegió los terrenos como suelo rústico.
Diez años después, no sólo le saldrá cara a Baleares la paralización de aquellas obras, sino que la zona de Punta Pedrera se ha convertido en un vertedero de vallas, vehículos abandonados, amasijo de hierros, hormigón y maleza. Habitada hoy por okupas que son el quebradero de cabeza de los vecinos de la zona.
Esos 80 millones de euros le servían a Gómez Arribas de aval en la compra del Ciudad Real International Airport (CRIA) que el mismo se adjudicó hace dos años y que, según contó el empresario ayer jueves en una rueda de prensa: «Hasta hace dos días tenía el compromiso firme de un fondo inglés, RoundShield Partners, de financiar la adquisición, pero dejaron de responder a mis llamadas y finalmente no se han presentado, como esperaba, a una notaría de Ciudad Real para efectuar el pago de 58 millones de euros».
