La Asociación de Propietarios y Vecinos de Illa Plana, Illa Grossa e Illa d’en Valerino ha utilizado este martes el turno de intervenciones del público en el pleno del Ayuntamiento de Ibiza para denunciar, con todo detalle y ante la corporación, las presuntas irregularidades en la tramitación de la licencia urbanística que permite la reforma y ampliación del Hotel Corso, un expediente en el que se ampara la futura instalación del cabaret Lío (actualmente en Marina Ibiza pero que tiene previsto trasladarse a este establecimiento).
El alcalde, Rafa Triguero, ha respondido pidiendo «prudencia y tiempo» mientras el Consell Insular resuelve el recurso pendiente.
«Se nos convocó cuando la licencia ya estaba concedida»
En su intervención, la asociación vecinal ha reprochado al Consistorio que un expediente de esta envergadura —una obra con un presupuesto de ejecución material de casi trece millones de euros que habilita una sala de fiestas de 2.484 metros cuadrados— se tramitara sin que los vecinos tuvieran conocimiento de él, mientras que, según denunciaron, se les notifica hasta el más mínimo cambio en su entorno, «por un simple cambio de bombillas».
Según han relatado, no supieron nada del proyecto hasta que la licencia ya estaba otorgada, momento en el que se les convocó a una reunión presidida por un representante del cabaret Lío y a la que acudió también el concejal de Urbanismo, quien les comunicó que la licencia ya era firme y que «no había nada que hacer».
La licencia de sala de fiestas que, según los vecinos, «no existe»
El núcleo de la denuncia se centra en la justificación empleada por el Ayuntamiento para autorizar el proyecto pese a que el planeamiento vigente prohíbe la implantación de nuevas salas de fiestas.
Según ha expuesto la asociación, la licencia se concedió argumentando que el hotel ya contaba con un uso recreativo preexistente —una sala de fiestas de 1.167 metros cuadrados con licencia de actividad en vigor—, lo que permitiría no solo mantenerla sino ampliarla hasta los 2.500 metros cuadrados que admite el planeamiento para usos recreativos compatibles con el turístico.
Los vecinos aseguran haber acreditado, tras acceder al expediente, que esa licencia no existe: el documento citado en la memoria del proyecto (APER 128/2002) sería en realidad una simple comunicación de cambio de titularidad de la licencia hotelera de 1986, mientras que otro expediente referido en los mismos documentos (APER 128/2022) correspondería a una tienda de ropa sin relación alguna con el hotel.
Según la asociación, lo único que consta es una licencia de 1996 para una sala de baile de 488 metros cuadrados en planta sótano, con aforo de 365 personas y con prohibición expresa de espectáculos y otras actividades propias de sala de fiestas.
Los vecinos han denunciado, además, que en 2016 se ejecutaron obras, a su juicio ilegales, para implantar una actividad de sala de fiestas-restaurante que nunca llegó a legalizarse ni en cuanto a la actividad ni en cuanto a la obra.
De la «licencia preexistente» al «servicio complementario del hotel»
Según ha relatado la asociación en la sala de Can Botino, el Ayuntamiento reconoció posteriormente, al resolver uno de los recursos presentados, que la licencia de sala de fiestas invocada por la promotora no existía, atribuyendo el error a la propia empresa promotora.
Pese a ello, el Consistorio habría mantenido la validez de la licencia bajo un argumento distinto: que la sala de fiestas constituye un servicio complementario del hotel, restringido a sus huéspedes, y por tanto no sujeto a la prohibición de nuevas implantaciones.
Los vecinos consideran que ambas justificaciones son totalemente incompatibles entre sí, ya que la primera presupone un uso recreativo con entidad propia y la segunda lo niega al convertirlo en un servicio accesorio del hotel.
En este punto, la asociación ha cuestionado directamente al pleno qué papel juega el cabaret Lío en la operación si, como sostiene el Ayuntamiento, se trata de un servicio reservado a los clientes del hotel y explotable únicamente por su titular.
El incumplimiento del límite de edificabilidad, reconocido por los técnicos municipales
La intervención vecinal ha incorporado, además, una segunda vía de impugnación, relativa a las mediciones del proyecto. Según han explicado, tras una comprobación realizada a su costa detectaron que el proyecto superaba el límite del 15% de incremento de edificabilidad y ocupación permitido, pese a que el arquitecto de la promotora habría declarado lo contrario ante el Consell Insular para obtener el informe favorable de esa institución, trámite previo indispensable para la concesión de la licencia municipal.
Puesto este incumplimiento en conocimiento del Consell Insular, los vecinos afirman que la institución insular requirió de inmediato al Ayuntamiento para que realizara las comprobaciones oportunas. El 22 de julio, según la asociación, la arquitecta técnica municipal emitió un informe por escrito confirmando que la afirmación del proyecto sobre el cumplimiento del límite del 15% «no puede tenerse por correcta» y que el incumplimiento no es subsanable mediante una simple modificación del proyecto.
A juicio de los vecinos, esta circunstancia implica que la licencia carece de uno de sus presupuestos habilitantes, lo que determinaría su nulidad de pleno derecho, y reclamaron al pleno una respuesta sobre si el Ayuntamiento permitirá el inicio de las obras y quién asumiría la responsabilidad y el coste en caso de que la licencia acabe siendo anulada tras haberse ejecutado.
La respuesta del alcalde: «les pido tiempo»
Tras escuchar las demandas vecinales, el alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, ha pedido «prudencia» ante lo que califica como un asunto de gran magnitud.
Triguero ha defendido que el Consistorio ha actuado con transparencia desde el primer momento y ha asegurado mantener contacto directo con vecinos de Illa Plana, «algunos de ellos amigos», a quienes dice haber ido informando de la evolución de los hechos.
El alcalde ha explicado que el equipo técnico y jurídico municipal lleva meses «volcado» en el asunto, ocupado actualmente en resolver el segundo recurso presentado por la asociación, a la espera de que el Consell Insular traslade su conclusión definitiva sobre el requerimiento relativo al exceso de edificabilidad.
Según Triguero, el Consell ya ha dado traslado del expediente a las partes implicadas —promotora, propiedad y representantes vecinales—, y solo cuando esa institución se pronuncie, el Ayuntamiento resolverá el recurso pendiente.
Ante la comparación hecha por los vecinos entre la rapidez con la que se notifican cambios menores en el barrio y la falta de información sobre el expediente del Lío, el alcalde respondió que el Consistorio es «ágil» en cuestiones públicas municipales, pero no dispone de la misma inmediatez de información en asuntos de naturaleza privada.
Triguero cerró su intervención pidiendo a los vecinos «cautela, prudencia» y tiempo para que las instituciones continúen su trabajo, comprometiéndose a trasladarles la información conforme se vayan conociendo los informes y conclusiones administrativas.
Una asociación relanzada con la batalla contra el Lío como eje central
La intervención de este martes se enmarca en una nueva etapa de movilización de la asociación vecinal, que en los últimos tiempos ha registrado la incorporación de decenas de nuevos socios y ha renovado su Junta Directiva con el «objetivo prioritario de impedir la apertura de la discoteca Lío en el Hotel Corso», algo que, a su juicio, perjudicará a un barrio ya colapsado, además de ser ilegal.
La nueva directiva, presidida por Alberto Sánchez Runde y acompañada por Marián Suárez como vicepresidenta, Celestino Aguilera como secretario y Amadeo Tapia como tesorero, cuenta con el apoyo de un equipo técnico compuesto por abogadas, un ingeniero y una arquitecta para impugnar el proyecto por vía legal.
Los residentes sostienen que la llegada de lo que definen como una nueva «macrodiscoteca» en Ibiza, agravaría los problemas de tráfico, ruido y aparcamiento que ya sufre la zona por la actividad del puerto de Eivissa y de Marina Botafoch, y acusan a la promotora de incurrir en fraude de ley al presentar, según su interpretación, un simple cambio de titularidad de la licencia hotelera como si fuera una licencia de actividad de ocio nocturno, en un contexto en el que el PGOU de Ibiza prohíbe expresamente en sus artículos 47 y 48 la implantación de nuevas licencias de este tipo.
La asociación está llevando a cabo acciones jurídicas para exigir la nulidad de pleno derecho de la licencia y ahora han dado un nuevo paso visibilizando la situación en el pleno del Ayuntamiento de Ibiza, además de presentarse ante los medios de comunicación para hacer públicas sus demandas.
El malestar vecinal se ha visto acrecentado, según los residentes, por un intento de reanudar los trabajos de reforma el pasado 9 de junio, que obligó a dar aviso al celador de obras y a la Policía Local por presunto incumplimiento del bando municipal que prohíbe los trabajos ruidosos en zonas turísticas a partir del 1 de junio, así como por otro intento de adelantar obras en el mes de abril.
La asociación no solo está centrada en este tema, aunque ahora mismo ocupa buena parte de su actividad. También trabajan por otras problemáticas del barrio como los desprendimientos en el acantilado, la saturación provocada por los cruceros que atracan en el muelle del dique (coincidiendo dos y hasta tres el mismo día con los motores encendidos mientras dura la escala), además de la limpieza viaria y los problemas crónicos de movilidad.
Con Don Dinero hemos vuelto a topar. Residentes a la cola como siempre y aguantemos lo que sea, es por el turismo.
A títol informatiu pels veïns:
«la denominada “Ley Saratoga”, definida por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears de 2020, «donde se establece que las actividades complementarias o secundarias no pueden implicar la convocatoria de público exterior ajeno a la actividad principal, tal y como está sucediendo en multitud de negocios de ocio diurno, que multiplican de manera exponencial los aforos que tienen definidos para su actividad original».»
El temps que demana l’alcalde, només juga a favor de l’infractor. Quantes més denúncies ara, millor. Després vos diran que ja és tard i que s’hauria d’haver fet abans. I recordeu, l’any que ve, hi ha eleccions.
bla bla bla.. tiempo al tiempo, ? és farà sí o si
Ara o mai!