El conflicto laboral en el servicio de ambulancias de Ibiza suma un nuevo capítulo con el cruce de versiones entre la Conselleria de Salud y el sindicato UGT sobre la existencia —o no— de denuncias por acoso laboral dentro de la empresa pública GSAIB.
A esto se suma otro conflicto: la apertura de un expediente a un trabajador que, tras una larga baja y ser reubicado, no se ha presentado a su trabajo porque, según su denuncia, sufre trato vejatorio, su baja está bloqueada por «presiones internas» y su estado de salud sigue siendo precario.
Mientras que desde la administración autonómica se sostiene que el conflicto está cerrado tras la retirada de una denuncia contra la responsable del servicio, el sindicato insiste en que existen múltiples denuncias, nada menos que una decena de ellas, que no han sido investigadas en profundidad y que reflejan un problema estructural en el servicio.
Fuentes de la Conselleria de Salud aseguran que la denuncia formal registrada fue presentada por un trabajador contra la responsable del servicio en Ibiza.
Según esta versión, durante el proceso de investigación el propio denunciante decidió retirarla, lo que provocó que el expediente “no fructificara y quedara en nada”.
A partir de ese momento, dan el asunto por concluido.
UGT: “no es un caso aislado”
Frente a esta versión, el sindicato UGT sostiene que la realidad es muy distinta. Según explican, no se trata de un único caso, sino de un conjunto de denuncias presentadas por varios trabajadores a lo largo del tiempo. Es más, desde la conselleria habían admitido previamente haber recibido al menos tres comunicaciones de riesgos laborales en este sentido que iban a investigar.
Desde la organización insisten en que varios empleados han denunciado situaciones de acoso laboral, trato vejatorio y deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales.
Además, recalcan que, aunque una de las denuncias sí fue retirada, existen otras que siguen vigentes y que, en su opinión, no han sido debidamente tramitadas ni investigadas.
Denuncias sin investigar, según los trabajadores
Uno de los principales reproches del sindicato es la falta de actuaciones posteriores a la presentación de las denuncias.
Según trasladan, ninguno de los trabajadores denunciantes ha sido entrevistado en el marco de una investigación formal, pese a que desde la propia Conselleria se había apuntado a la apertura de un expediente informativo.
En este sentido, consideran que no se han practicado diligencias básicas para esclarecer los hechos ni se han adoptado medidas preventivas.
Antecedentes: denuncias públicas por acoso y “clima tóxico”
El conflicto no es nuevo. En agosto del pasado año, Noudiari ya publicó testimonios de trabajadores del servicio de ambulancias que denunciaban un ambiente laboral “tóxico y hostil”, con acusaciones directas de trato vejatorio, represalias sistemáticas y vulneración de derechos fundamentales.
En aquella información, basada en denuncias de varios empleados, se recogían situaciones como comentarios vejatorios de carácter homófobo y xenófobo, presión sobre trabajadores de baja médica o presuntas represalias hacia empleados sindicados.
Algunos testimonios relataban episodios de especial gravedad, como la negativa a conceder bajas médicas en situaciones sensibles —incluido el caso de una trabajadora embarazada— o la asignación de puestos no adaptados a su estado.
También se denunciaban posibles filtraciones de datos personales y médicos, así como un clima de miedo a represalias que habría limitado la participación de la plantilla en evaluaciones internas.
Un documento que reclama medidas urgentes
UGT ha mostrado a este medio una de las denuncias registradas recientemente, en la que se solicita la adopción de medidas concretas para frenar la situación.
Entre ellas, se plantea la necesidad de restaurar un clima laboral adecuado dentro del servicio, así como establecer garantías para evitar posibles represalias contra los trabajadores que han dado el paso de denunciar.
El sindicato considera que este tipo de escritos evidencian que el problema va más allá de un caso individual y afecta al funcionamiento general del servicio.
Un conflicto que se arrastra desde hace años
Según fuentes sindicales, las primeras alertas sobre el deterioro del ambiente laboral se remontan al menos a 2023, cuando el comité de empresa trasladó a la dirección y a IB-Salut diversas quejas relacionadas con acoso laboral, presión interna y miedo a represalias.
Estas situaciones volvieron a denunciarse públicamente en 2025, sin que —según los trabajadores— se haya producido una investigación en profundidad ni cambios significativos en la gestión.
Riesgo para el servicio
Desde UGT advierten de que el conflicto no solo afecta a los trabajadores, sino que podría tener consecuencias en la calidad del servicio.
“Se ha generado una crispación generalizada y un desgaste psicológico entre los profesionales que puede acabar afectando a la atención”, señalan.
En este contexto, reclaman a la administración que actúe de forma urgente, abra una investigación real y adopte medidas que permitan reconducir la situación.
