Una familia de Santa Eulària que fue desahuciada de su casa en el año 2018, continúa batallando contra los propietarios de la vivienda de la que les echaron. Pedro Carreño, su mujer y sus dos hijos tuvieron que abandonar su casa y sus vidas sufrieron un vuelco, pero no han dejado de luchar por sus derechos ya que se sienten estafados. Tras perder tres batallas judiciales por el desahucio y haber ganado otras dos contra las mismas personas por una deuda económica, se abre una nueva batalla legal en la que también está implicado un funcionario del Ayuntamiento de Santa Eulària por, presuntamente, haber vulnerado la Ley de Protección de Datos, un delito penal.
La historia se remonta a 2016, cuando Pedro Carreño y su familia recibieron el primer burofax invitándoles a abandonar su hogar y sin la posibilidad de acordar un nuevo precio de alquiler. Pagaban 270 euros por el piso y sólo tenían un contrato verbal, además de todos los recibos de suministros, IBI, etc., que pagaron durante más de 20 años que residieron en el edificio de la calle Nimes en Santa Eulària. Cierto que era una renta antigua, pero Pedro intentó negociar una subida de alquiler y, según explicó entonces a NouDiari, «ni siquiera nos dieron la oportunidad de subirnos el alquiler ni negociarlo». Además, hacía poco que Pedro había reformado el piso por completo con sus propios ahorros y con un permiso de obras que el dueño había solicitado por petición de su inquilino.
En 2018, tras perder el juicio contra los propietarios en Ibiza, recurrieron a la Audiencia Provincial, pero en Palma volvieron a perder. Ambas sentencias alegan que los propietarios no estaban obligados a mantener la condición de renta antigua ya que se aplica a los inquilinos anteriores a 1985, y ellos habían entrado a vivir en los 90. Sin embargo Pedro se sintió estafado e incomprendido, ya que él no quería mantener la renta antigua sino actualizarla y poder vivir en la que había sido su casa 20 años y en la que invirtió, según explica, todos sus ahorros para reformarla, ya que los propietarios «no se ocupaban». Por todo esto y por las presuntas «artimañas» que usaron los propietarios para echarle, se siente estafado y ninguneado por las administraciones, tanto locales como autonómicos.
Por todo ello, Pedro ha llevado su caso a un reconocido bufete de abogados de Madrid para demandar por vulneración de la Ley de Protección de Datos a los dueños de la vivienda, que también poseen el edificio completo donde se ubica en Santa Eulària, así como al empleado municipal que presuntamente filtró un documento suyo confidencial, por lo que el caso está en instrucción y tendrán que declarar el próximo 29 de septiembre en los juzgados de Ibiza.
Pedro declara que desde el Ayuntamiento de Santa Eulària se entregó a los dueños del edificio su Registro de Empadronamiento y que ese documento, privado y confidencial, es el que ha estado inclinando la balanza de la justicia en favor de los propietarios, que se escudan, según dice, en justificar el desahucio por la ley de renta antigua. Esto motiva que Pedro luche contra estas personas y el consistorio por vulnerar, supuestamente y bajo su punto de vista, la protección de datos y sus derechos.
