@D.V./ La financiación de los medios de comunicación a través de la publicidad institucional es un tema especialmente espinoso en el Ayuntamiento de Eivissa, ya que fue lo que provocó la caída de la anterior alcaldesa, Marienna Sánchez-Jáuregui. Hacer tabla rasa y reformular el criterio con el que se reparte la publicidad institucional entre los medios es lo que pretende una moción que presentarán PP, PREF y el Movimiento Ciudadano EPIC-Eivissa en el próximo Pleno de Vila.
El impulsor de esta iniciativa es Toni Villalonga, el regidor de EPIC-Eivissa, que además de sumar el apoyo del equipo de Gobierno asegura que en la moción también ha recogido algunas sugerencias realizadas por PSOE y Eivissa pel Canvi. Según Villalonga, esta moción “intenta establecer un sistema riguroso, objetivo y transparente para repartir la publicidad institucional”.
Intentar reglamentar un espacio ambiguo
La única directriz que existe sobre este tema es la Llei de Publicitat Institucional del año 2010 que aprovó el Ejecutivo de Francesc Antich. Este texto trazaba, a rasgos generales, que la publicidad institucional se debe entregar a los medios con “criterios objetivos” como la “igualdad”, la “eficacia” y la “eficiencia”. No obstante, no establece sistemas de cálculo ni baremos para establecer este reparto, dejando el desarrollo de este ambiguo texto a una futura Comisión de Publicidad Institucional que el actual gobierno de Bauzá ha dejado morir de inanición. De hecho, la actual Ley ni siquiera distingue entre lectores, oyentes o internautas, y habla de los ‘medios’ en genérico.
“En esta moción hemos querido crear un sistema objectivo y transparente para que no se vuelvan a repetir arbitrariedades ni repartos que favorezcan a medios afines” comenta Villalonga. Así, para establecer el reparto, se establece como baremo los datos que ofrecen las empresas especializadas en audiencias de medios de comunicación, como el Fundacc -una Fundación que estudia las audiencas de los medios y los consumos culturales en los territorios de habla catalana-, el Instituto Balear de Estudios Sociales, la Encuesta General de Medios y la Oficina de Justificación de Difusión (OJD). “Con estos datos estableceremos unos criterios científicos que impidan cualquier tipo de favoritismo ni partidismo” insiste Villalonga.
El regidor de EPIC-Eivissa también ha expresado la necesidad de establecer un techo de gasto en la publicidad institucional, para evitar que se destinen recursos desproporcionados a sus objetivos.
