La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer; la concejala de Bienestar Social, Antonia Picó, y personal técnico del departamento de Servicios Sociales y un técnico de servicios jurídicos se han reunido esta mañana en el Ayuntamiento con el representante legal y los portavoces de un grupo de personas desalojadas del camping ilegal de Can Rova, desahuciados el pasado 31 de julio por mandato judicial para resolver el desacuerdo entre los seis propietarios de la finca.
Con motivo de la manifestación que ha tenido lugar en la plaza de España, a la que han asistido una veintena de afectados, Carmen Ferrer les ha explicado el histórico de los diferentes expedientes municipales que tiene en marcha el camping ilegal desde su detección y el trabajo técnico que han realizado los Servicios Sociales.
En este sentido, se ha remarcado que el Consistorio actuará contra la propiedad por la actividad irregular que se ha realizado en este entorno de la parroquia de es Puig d’en Valls, pero también por el riesgo que suponía para las personas, por el riesgo de incendio y por los riesgos graves contra el medio ambiente que se han producido durante meses en Can Rova. “Estamos ante un conflicto entre particulares, en un desahucio ejecutado por mandato judicial y en un entorno en el que había un riesgo grave e inminente para las personas en el cual, además, no se nos dejaba actuar”, ha matizado Ferrer.
“Los Servicios Sociales estuvieron trabajando durante semanas con las 14 familias que tenían menores a su cargo en el campamento ilegal y lo sigue haciendo ahora con todas las personas que se catalogan como vulnerables. No se trata de un trabajo político, son criterios técnicos. Y son los mismos criterios que se llevan años siguiendo en todas las situaciones de emergencia”, ha añadido la primera edil.
Por otro lado, cabe destacar que la pasada noche (del 5 al 6 de agosto) un total de 17 personas durmieron en el polideportivo del CEIP S’Olivera. Las 29 que comenzaron pernoctando en esta instalación, temporal y de emergencia, se han ido reduciendo al encontrar otras alternativas habitacionales. Además, se ha ayudado a cinco personas con billetes de vuelta a su lugar de origen, tal y como habían solicitado, y se ha pagado la fianza para entrar a vivir en pisos a dos familias.
Ninguna de las personas que han dormido en s’Olivera ha sido catalogada como vulnerable y el servicio estará en marcha hasta el próximo viernes. Después se seguirá trabajando con las familias de manera individualizada. Para ello, es necesario que las personas que no estén identificadas se dirijan al departamento de Servicios Sociales, señalan desde el consistorio.
Por otro lado, las familias que sí estaban en riesgo de vulnerabilidad, los menores y sus madres, están acogidos entre el centro Nazaret de la oenegé Cáritas y el centro de baja exigencia de sa Joveria, dos servicios con los que el Ayuntamiento también colabora con recursos económicos ya que forman parte de la red insular.
