El Ayuntamiento de Sant Antoni inicia mañana miércoles, día 1 de mayo, el servicio de información, vigilancia y control del acceso rodado a las playas de Cala Salada y Cala Saladeta, cuyo objetivo es «garantizar el correcto funcionamiento del tránsito y la seguridad en los accesos y aforo a la zona de playa durante la temporada turística», ha informado el Consistorio en un comunicado de prensa.
Este servicio permanecerá activo hasta el 15 de octubre y estará operativo de lunes a domingo en horario ininterrumpido desde las 9.30 hasta las 17 horas, han detallado las citadas fuentes.
El año pasado se adjudicó el nuevo contrato, en el que se avanzaba la puesta en marcha del servicio pasando del 1 de junio al 1 de mayo, además de ampliar la franja horaria, incrementar los recursos humanos y aumentar el aporte económico para elementos de cartelería y mobiliario de la zona del control de accesos.
En concreto, el contrato iniciado en 2023, se adjudicó por 113.176,02 euros anuales y con una duración de dos años con opción a prórroga de dos más, han recordado las citadas fuentes.
La concejala de Medio Ambiente, Pepita Torres, ha recordado la necesidad de establecer este servicio «ante la situación de la playa y sus accesos», pues «se ubican en un enclave clasificado como de riesgo extremadamente alto en cuanto a incendios forestales, además de por temas de seguridad en cuanto a garantizar el paso de servicios de emergencia y control de aforo de la playa».
El servicio, que se activa con el inicio de la temporada de playas, tiene dos puntos de control que permiten acceder hasta que se han ocupado todas las plazas de estacionamiento habilitadas.
«Se consideran libres de control, los vehículos adaptados a personas con movilidad reducida, vehículos de dos ruedas como motocicletas y bicicletas, taxis y vecinos o trabajadores de la zona», han concretado.
Este sistema de restricción de acceso cuenta con alternativas para acceder a la playa como la línea regular de transporte público de Cala Salada implantada por parte del Consell de Ibiza, que permite «fomentar el transporte público y reducir el acceso de vehículos privados».
