El Grup d’Estudis de la Naturalesa y la sección insular del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GEN-GOB) ha formalizado una batería de alegaciones al proyecto de la Llei del Litoral de les Illes Balears. La entidad ecologista sostiene que la asunción de las nuevas competencias de costas por parte de la comunidad autónoma debe servir para fijar límites estrictos a la presión humana y evitar que la futura regulación se limite a una mera «ordenación de usos» sin frenar la degradación de los ecosistemas.
Entre sus principales propuestas, el grupo ecologista exige instaurar una capacidad de carga de obligado cumplimiento para autorizar o rechazar actividades en la franja costera. Para el caso concreto de los arenales, solicitan garantizar por ley un mínimo de 5 metros cuadrados por usuario, fijando así un umbral preventivo que garantice tanto la calidad ambiental como el espacio de uso público.
Asimismo, el documento presentado reclama endurecer las condiciones para las ocupaciones privadas o lucrativas dentro del Dominio Público Marítimo-Terrestre, exigiendo que las empresas o entidades solicitantes justifiquen fehacientemente tanto la necesidad imperativa de situarse en primera línea como la inexistencia de alternativas viables fuera del dominio público.
En el ámbito de la navegación recreativa y el tráfico marítimo, el GEN-GOB plantea regular la velocidad a un máximo de 3 nudos dentro de los primeros 300 metros contiguos a la costa. Del mismo modo, solicitan prohibir el fondeo a menos de 50 metros de la línea de litoral en aquellas calas y playas que no dispongan de balizamiento.
Respecto a la erosión costera y el cambio climático, la organización defiende la inclusión de planes de retirada o reubicación programada de aquellas infraestructuras y equipamientos vulnerables a la subida del nivel del mar o a los temporales marítimos. Según la entidad, no resulta sostenible continuar consolidando edificaciones en terrenos que previsiblemente quedarán expuestos a la regresión del litoral.
Por último, las alegaciones solicitan la puesta en marcha de un programa estable y periódico de inspección y vigilancia del litoral dotado de mecanismos de transparencia para fiscalizar el cumplimiento de la normativa.
