El grupo del PSOE del Consell de Ibiza ha denunciado hoy que la contratación de una agencia de detectives por parte de la institución insular para perseguir fiestas ilegales ha sido «un fracaso evidente». «Un coste de más 3.000 euros por infiltración, sin que haya servido para abrir expedientes ni para detener alguna fiesta», ha señalado en un comunicado de prensa.
Los socialistas han recordado que «en declaraciones pasadas», el conseller de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, «se comprometió a abordar el problema de las fiestas ilegales en Ibiza de manera efectiva» y que aunque en verano dijo «que tendía a cero», esto «va en contra de lo que los residentes experimentan y de lo que se informa en los medios de comunicación».»Fiestas ilegales clandestinas sin control persisten como una auténtica pesadilla», han dicho.
Además, han considerado «totalmente incongruentes» dichas declaraciones el mismo verano en que el Consell ha contratado a una agencia de detectives por un importe de 112.723,60 euros. «Si esta cantidad la dividimos por el número de infiltraciones llevadas a cabo por los detectives, cada inflitración sale a 3.415,86 euros», han detallado en relación al dato facilitado por la institución insular, que informó ayer de que estos profesionales se habían infiltrado en 33 fiestas ilegales.
«Durante toda la legislatura pasada, se trabajó con contratos menores con los detectives privados. Ahora, cuando se afirma que las fiestas ilegales están disminuyendo, se gasta una cantidad significativa en la contratación de una agencia en vez de cubrir las plazas de inspectores existentes en la Relación de Puestos de Trabajo y aumentar el número de instructores y administrativos dedicados a tramitar y a agilizar los expedientes relacionados con el intrusismo», han criticado.
Para el grupo del PSOE «es una vergüenza la propaganda que están haciendo» el presidente del Consell, Vicent Marí, y Mariano Juan «sobre la ocurrencia de contratar detectives privados en vez de reforzar los servicios de inspección del Consell».
«Un servicio que está costando una fortuna y que está teniendo nulos resultados, ya que se limita a recoger información y acaban descargando en los ayuntamientos todo el trabajo de abrir y tramitar los expedientes de sanción, en vez de actuar desde las competencias propias del Consell», han indicado, al tiempo que han insistido en que se abandonen «experimentos y estrategias ineficaces».
