La asociación profesional de la Guardia Civil Jucil ha exigido formalmente a los consells de Baleares, incluidos los de Ibiza y Formentera, y a la Federación de Municipios (Felib) que ofrezcan vivienda temporal a los guardia civiles desplazados a las islas «para que no malvivan en caravanas y furgonetas» este verano.
Así lo han reclamado, según una nota enviada a los medios, en la que han explicado han propuesto formalmente a los Consells y a la FELIB que colaboren con la Jefatura de la Zona/Comandancia y pongan a disposición de los agentes de forma temporal aquellas instalaciones de titularidad pública que se encuentren disponibles hasta que finalice el verano y se liberen alojamientos de temporada.
Según los datos de la asociación profesional, entre finales de junio y principios de julio se desplazarán a las islas más de 200 agentes de la Benemérita. La dificultad de lograr resolver la situación de vivienda durante el verano es especialmente difícil para estos profesionales ya que solo tienen diez días desde que reciben la información de nuevo destino hasta el día de su incorporación, «un plazo claramente insuficiente para resolver una necesidad tan básica en pleno verano».
La mayoría de guardia civiles que vienen, se marchan
Para Jucil, la crisis de la vivienda en Baleares no solo supone un drama personal para los agentes desplazados, sino que dinamita la estabilidad de la seguridad pública en la región. Los datos de la propia asociación evidencian una preocupante rotación de la plantilla: entre los años 2021 y 2025 llegaron a Baleares un total de 1.092 agentes, pero abandonaron las islas 840. Es decir, el territorio es incapaz de fidelizar a sus trabajadores debido al coste de la vida.
Tomás Quesada, secretario provincial de Jucil, ha insistido en que, además de estas medidas de auxilio temporal solicitadas a las instituciones baleares, el Ministerio del Interior debe abordar el problema de raíz. Desde la organización reclaman la actualización urgente del plus de insularidad, así como la declaración de Baleares como Zona de Especial Singularidad (ZES) para garantizar que los guardias civiles no pierdan dinero por el simple hecho de ser destinados a las islas y vean compensadas las dificultades que ello acarrea.
