El grupo PSOE-Reinicia, en la oposición del Consistorio de Sant Antoni, ha denunciado hoy «el uso de dinero público para propaganda del alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, a través de la TEF y Periódico de Ibiza».
Afirman que la cantidad destinada a estos dos medios del mismo grupo de comunicación, Prensa Pitiusa, reciben 73.000 euros, más de la mitad de toda la publicidad institucional del ayuntamiento y que no se corresponde con el criterio que se debería seguir, que es el de la audiencia de los medios.
«La publicidad institucional se debe regir por la ley 13/2010, de 9 de diciembre, de publicidad institucional de les Illes Balears, en la cual se establece claramente que el total de recursos destinados a publicidad institucional deben respetar la proporcionalidad y equidad en correspondencia siempre, con las audiencias, el alcance territorial y el coste económico».
Por ello, si el total destinado a publicidad institucional será de 135.000 euros anuales, el reparto no se está haciendo en función de ese baremo «sino que se hace en función del criterio del alcalde, que ha elegido una empresa privada, a unos medios de comunicación concretos y un mes concreto para repartir el dinero público», afirman.
«No entendemos como Ciudadanos y el Pi apoyan este reparto cuando, claramente, beneficia a un grupo de comunicación concreto», añaden.
Según la ley, este importe debería distribuirse según la audiencia total. Así, PSOE-Reinicia apuntan que «la primera manipulación que realiza el alcalde está relacionada con el tipo de medio. Claramente, utilizan la distribución del tipo de medio como variable de reparto del presupuesto para beneficiar a la TEF. Hay que atender al alcance global de los medios, en vez de decidir de manera previa la plataforma de difusión para claramente beneficiar al grupo Prensa Pitiusa»·.
En este sentido, la oposición presenta, por un parte, un gráfico con la distribución de dinero público destinado a publicidad institucional del Ayuntamiento de Sant Antoni:
«Claramente, con el criterio del alcalde Marcos Serra, el Grupo Prensa Pitiusa se lleva más del 50% del pastel de dinero público, cuando, en ningún caso se trata de los medios con mayor alcance ni audiencia».
Así, explican que los datos de audiencia web según OJD son los siguientes:
«La distribución según audiencia, sin aplicar los sesgos del alcalde para distribuirlo a la TEF y Periodico de Ibiza, cogiendo los datos del organismo de referencia OJD y realizando un promedio de los últimos cinco meses del promedio de audiencia diaria las páginas visitadas de cada medio, arrojan unos resultados completamente diferentes a los aplicados por el alcalde», añade la oposición.
«Esta distribución se mantiene cualquiera que sea la variable que se utilice de audiencia, independientemente de si utilizamos las páginas visitadas, la audiencia promedio, o la sesiones de cada IP. La distribución de la audiencia nada tiene que ver con la del alcalde Marcos Serra, quien ha utilizado un estudio de audiencias realizado a su conveniencia, con un reparto en función de la audiencia observada de un medio privado en un mes puntual. Esto, visto desde un punto de vista estadístico, es una barbaridad metodológica que arrojará los datos que el alcalde quiera», denuncian.
Otro elemento que destaca el PSOE-Reinicia es que esta distribución «margina a las productoras televisivas ibicencas […]¿Por qué no se hace un concurso público para producir los programas que Sant Antoni quiere?», se preguntan.
La introducción de un proceso de concurrencia competitiva a través de la ley de contratos del sector público «permitiría rebajar los costes y al mismo tiempo aplicar el principio de equidad para que todas las empresas de producción audiovisual ibicencas puedan, en igualdad de condiciones, acceder a lo contratos que se pagan con dinero público», explican.
PSOE-Reinicia asegura que seguirá denunciando públicamente «unos contratos realizados para favorecer a determinados medios de comunicación de la isla para que le hagan la propaganda a Marcos Serra en el año antes de las elecciones, además de utilizarse en una campaña barriobajera de ataque y desprestigio contra todos los partidos y gobiernos progresistas, lo cual sería legítimo siempre y cuando se cumplan los límites de la libertad de expresión, pero que resulta repugnante cuando para ello se utiliza el dinero público», dicen textualmente en un comunicado.
