El PSOE no quiere mejorar el plus de insularidad, por Joan Miquel Perpinyà

El PP de Baleares se ha anotado un buen tanto al presentar una Proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados, por la que se insta al Gobierno de España a destinar 18 millones de euros a la actualización y mejora de la indemnización por residencia (también conocido como plus de insularidad) para todo el personal en activo del sector público estatal. Además, ha conseguido que la PNL fuese aprobada el miércoles en la Comisión de Política Territorial.

Únicamente votó en contra el PSOE, que quedó retratado como el partido político que, gobernando en todas las instituciones, da la espalda a los funcionarios de Baleares en su justa reivindicación para que se actualicen sus retribuciones de forma que residir en Baleares deje de ser una penalización con respecto a cualquier otro destino en el territorio nacional.

Procede, pues, felicitar a los diputados impulsores de la iniciativa, Marga Prohens y el ibicenco Miquel Jerez, pues han conseguido, por un lado, satisfacer, aunque sólo sea de forma simbólica, una demanda generalizada de los sindicatos y asociaciones profesionales de funcionarios del Estado destinados en Baleares. Y por otro lado, han infligido un duro golpe al PSOE, que queda señalado para siempre como el partido que no quiere mejorar el plus de insularidad de policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones, Agencia Tributaria, Aduanas, Seguridad Social, Defensa etc.

Los socialistas saben perfectamente que los funcionarios del Estado no quieren venir al archipiélago a trabajar porque no les compensa lo que cobran ante la carestía de la vida, en especial el acceso a la vivienda. Y aunque lo saben, votan en contra de solucionar este desastre que, de facto, supone que las plantillas siempre están por debajo de lo que deberían. Pocos funcionarios quieren venir y los que vienen se quieren largar a la mínima oportunidad.

Ante la votación celebrada en el Congreso, abundaron en Twitter las muestras de alegría. Del PP se comprenden por lo antedicho, pero de los funcionarios afectados se comprende menos porque deberían saber que una PNL vale lo que vale, que es más bien poco. El papel todo lo soporta. Una PNL no deja de ser una iniciativa política que se queda en nada si el Ejecutivo carece de voluntad de llevarla a cabo. De hecho, son miles las PNL aprobadas que se quedaron en papel mojado.

Así pues, la plataforma que agrupa a sindicatos y asociaciones profesionales harían bien en moderar su indisimulado entusiasmo porque no se perciben razones para descorchar el cava. Su situación no va a cambiar si el Gobierno no quiere. Y se diría que, viendo el voto del PSOE, no tiene la menor intención.