EFE / El Consell de Govern ha aprobado este viernes el Decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda con el objetivo de disponer de instrumentos que permitan incrementar el parque de vivienda de protección oficial de gestión pública, facilitar la entrada al mercado de viviendas a precios asequibles y también hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad.
El citado Decreto ley amplía el derecho de tanteo y retracto a favor del Govern, de forma que podrá adquirir de forma preferente Vivienda de Protección Oficial, suelo y las viviendas implicadas en todas las operaciones entre grandes tenedores, siempre que las viviendas procedan de ejecuciones hipotecarias o dación en pago.
También incorpora más facilidades para construir vivienda dotacional (alojamientos temporales para situaciones de dificultades y para determinados colectivos) porque se podrán construir en suelo destinado a equipamientos.
Con este Decreto ley se establecen nuevas fórmulas para implicar la iniciativa privada en la construcción de viviendas de protección oficial. Se incluye la cesión de suelo público a personas físicas o jurídicas para la construcción de vivienda de protección oficial de alquiler con fijación de precios máximos y retorno a la Administración de las viviendas en un plazo de 50 años.
Ademas, define mecanismos para ganar agilidad administrativa. Por ejemplo, el Consell de Govern podrá aprobar la construcción de un proyecto si en dos meses no se ha contestado la petición de licencia. Contempla que los colegios profesionales colaboren con la Administración para agilizar la tramitación de las licencias urbanísticas. Con este Decreto ley se obliga a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social antes de iniciar un procedimiento de desahucio.También fija un régimen único de VPO con el objetivo de disponer de vivienda más asequible, e introduce sanciones para perseguir la publicidad y la comercialización de infraviviendas.
El Govern ha señalado que este Decreto ley responde a la necesidad generalizada de vivienda a la cual el mercado no está dando respuesta, y a la demanda creciente y los factores distorsionadores del mercado, como el alquiler turístico, han impuesto un incremento de precios, tanto de compraventa como de alquiler, que hacen muy complicado el acceso a la vivienda a las personas con más dificultades y, cada vez más, a la clase media.
Ante esta situación, una de las acciones estratégicas por las cuales ha optado el Govern es el incremento del parque público de vivienda de protección oficial. En esta línea, se plantea la adopción de medidas extraordinarias para ampliar, de manera rápida y efectiva, la oferta de VPO de alquiler social y fomentar la construcción de alojamientos dotacionales para dar respuesta transitoria a las necesidades habitacionales.
Según el Govern, el incremento del parque público de viviendas —en régimen de alquiler y precios legalmente limitados— tendrá como efecto colateral una posible mejora de precios en el mercado de vivienda libre.
