Ibiza está enfrentando un problema que se ha gestado durante años y que hace ya tiempo se ha convertido en una auténtica crisis social: la falta de vivienda. Lo que era un problema de altos precios se ha transformado en algo mucho más grave, con familias y trabajadores viviendo en caravanas, furgonetas y tiendas de campaña, sin acceso a una vivienda digna. Esta situación es el resultado de una serie de factores que se han ido acumulando: la presión turística, el abandono total de políticas de vivienda pública durante décadas por parte de gobiernos de izquierdas y de derechas, la falta de oferta de vivienda y el aumento descontrolado de los alquileres ilegales, especialmente de los alquileres turísticos. Y lo más alarmante es que esto no parece tener una solución a corto plazo. Suerte tendremos si con las medidas que se están empezando a tomar desde el Govern Balear, para intentar incrementar la oferta de viviendas de alquiler, el problema deja de aumentar.
El mercado inmobiliario en Ibiza está más que saturado, está roto. Los precios de la vivienda han alcanzado niveles inasumibles para la mayoría de los residentes y, en muchos casos, ni siquiera se trata solo de una cuestión económica. Simplemente no hay disponibilidad. El auge del turismo, que fue hace décadas una bendición para la economía, ha traído consigo una burbuja inmobiliaria donde muchos propietarios sin escrúpulos, prefieren alquilar sus propiedades a turistas a corto plazo, generando ingresos desproporcionadamente altos en pocos meses, en lugar de alquilar a largo plazo a los trabajadores que sostienen el tejido económico de la isla y nuestros servicios públicos básicos. Alquileres ilegales que se siguen produciendo de forma importante, a pesar de que en los últimos años se ha ido intensificando la lucha contra estos.
Pero el tema no se queda ahí. Los defensores del decrecimiento turístico proponen reducir el número de visitantes como una forma de aliviar la presión sobre la isla. En teoría, esta idea podría sonar atractiva, pero en la práctica es una trampa que podría llevar a un desastre económico y social diferente, pero de igual magnitud que el que tenemos ahora. Y aquí es donde debemos hacer una comparación que algunos sectores de la sociedad parecen haber olvidado: la recesión causada por la pandemia de la COVID-19. Durante esos meses en los que el turismo se detuvo completamente, Ibiza sufrió como nunca antes. Las calles se vaciaron, y lo mismo ocurrió con las cuentas bancarias de miles de trabajadores y empresarios.
En ese momento vimos lo que supone que el turismo, nuestro principal motor económico, se apague. Empresas cerradas, miles de personas en ERTE o directamente en el paro, un descenso brutal del consumo y un panorama desolador. ¿Es esto lo que queremos repetir? Porque una apuesta mal calculada por el decrecimiento turístico conllevaría exactamente las mismas consecuencias. Reducir el turismo sin una alternativa económica clara significa cerrar negocios, destruir empleos y dejar a miles de familias sin ingresos. Los sectores que hoy dependen del turismo —hoteles, restaurantes, comercios, transportes, servicios— se verían gravemente afectados. El decrecimiento, si se aplica sin una estrategia integral, podría provocar la ruina de la isla y muchas personas que hoy viven en Ibiza tendrían que salir, aunque por diferentes motivos a los que podrían llegar a tener hoy.
Es esencial entender que el decrecimiento no puede ser una política improvisada, una frase bonita que se suelta sin pensar en las consecuencias. Si miles de personas pierden sus empleos y cientos de empresas se ven obligadas a cerrar, la crisis social que se generaría sería comparable únicamente con lo que vivimos en los peores meses de la pandemia. Y esta vez, no sería una cuestión temporal. Estamos hablando de un daño estructural que tardaría en revertirse.
La realidad es que el problema de la vivienda, la presión sobre nuestros recursos y el turismo descontrolado no se resuelven con decretos vacíos o con retórica populista
Por si fuera poco, es fundamental señalar la hipocresía de ciertos partidos políticos, especialmente en el ámbito de la izquierda, que, desde las propias islas, o desde Madrid, esgrimen grandes discursos sobre sostenibilidad y decrecimiento, pero no toman ninguna medida concreta para controlar el principal canal por el que acceden los turistas: el puerto y el aeropuerto de Ibiza. Estos partidos, que tienen las competencias en materia portuaria y aeroportuaria, no han hecho absolutamente nada al respecto. Mientras se llenan la boca con palabras sobre decrecimiento y sostenibilidad, permiten que cada año la isla reciba más y más turistas sin implementar un plan que gestione esta afluencia de manera racional, basada en las capacidades que tenemos de acoger gente. No hablamos pues de limitar de forma directa la llegada de personas a nuestra isla, porque tal cosa es legalmente imposible hoy en día dentro del marco normativo de la Unión Europea, sino de modular la capacidad de las infraestructuras críticas como son el puerto y el aeropuerto, que es la mejor baza que podríamos tener ahora mismo. Un ejemplo de esta clase de políticas es la limitación de vehículos, herramienta que se empezó a gestar desde el Consell Insular d’Eivissa la pasada legislatura, y que esperemos pueda llegar a habilitarse más pronto que tarde.
La realidad es que el problema de la vivienda, la presión sobre nuestros recursos y el turismo descontrolado no se resuelven con decretos vacíos o con retórica populista. Necesitamos políticas serias que combinen la protección de nuestra isla con el desarrollo de una economía más sólida y sostenible. Y esto implica que aquellos que están en el gobierno tomen las decisiones que realmente hacen falta, empezando por regular de manera efectiva el flujo turístico, acabar con los alquileres ilegales y garantizar que quienes trabajan aquí puedan vivir dignamente en su tierra.
No podemos repetir los errores del pasado, pero tampoco podemos dejar que los sueños utópicos de unos pocos conviertan la realidad en una distopía para el conjunto de la población. Ibiza merece un futuro mejor, pero ese futuro no vendrá destruyendo lo que nos ha mantenido a flote hasta ahora.
Por Javier Torres Serra,
portavoz de Sa Veu des Poble y Ciudadanos en Sant Joan de Labritja
I tu no ets el que va estar 4 anys al Consell?? I els busos que calen foc no són teus? On és la concessió de transport públic? Millor….
Desconozco qué tiene que ver el comentario con el contenido del artículo de opinión. Los buses son de las empresas concesionarias, los heredados de otras tantas legislaturas y de diferentes gobiernos que dejaron caducar los contratos. Afortunadamente en mis 4 años pudimos dejarlo todo listo para licitar al fin, y así se está haciendo. Salut.
Té una variable, el transport és un bé comú gestionat pels representants públics. Un tema relacionado con tu anterior actividad. ¿ las inspecciones a quién corresponden? ¿ de verdad se necesitan 4 años para una licitación? ¿ … otras legislaturas? . Claro, el infierno siempre son los otros.