La consellera de Vivienda, Marta Vidal, ha señalado este lunes que su departamento estima que en Baleares hay nueve inmuebles que se alquilan ilegalmente para uso turístico por cada uno comercializado con licencia, lo cual representaría unos 235.000 pisos y casas.

Vidal ha aludido a esta cifra al explicar que el decreto ley de vivienda aprobado por el Consell de Govern incluye una modificación de la Ley de Turismo que habilita a los inspectores de los consells insulars a precintar los inmuebles alquilados a turistas de forma clandestina.

La Ley de Turismo contemplaba hasta ahora, ha indicado la consellera en rueda de prensa, la clausura de establecimientos que infringieran de forma grave la normativa, y con la modificación incluida en el decreto esta opción se extiende a las viviendas alquiladas sin licencia a turistas.

Según cifras de 2022 recopiladas por la Conselleria de Turismo, en todo el archipiélago había el año pasado 26.443 viviendas dadas de alta legalmente para poder arrendarse con uso vacacional, lo que se traduce en una oferta de 160.756 plazas.

A partir de estos datos y de la estimación de que las viviendas de alquiler vacacional ilegales suponen el 90 % de la oferta real, en las islas habría casi 238.000 inmuebles que se arriendan a turistas de forma clandestina.

En la rueda de prensa de presentación del decreto ley, que el Govern prevé que se tramite como proyecto de ley en el Parlament, el portavoz del Govern, Toni Costa, ha afirmado que el decreto representa «un cambio total y absoluto de las políticas fracasadas que se han hecho durante ocho años».

Costa ha acompañado a la Vidal en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, una reunión extraordinaria después de que el pasado viernes la norma quedara sobre la mesa para introducir el endurecimiento de la persecución del alquiler vacacional clandestino.

La consellera ha apelado a la prudencia para evitar hacer una estimación de cuántas viviendas de nueva construcción o reacondicionadas podrán ponerse en el nuevo mercado de precio tasado a partir de la implantación del decreto, aunque ha aludido a que constructores y promotores calculan que podrían ser unas 3.000.

El departamento de Vidal trabaja en la elaboración de un plan de vivienda más amplio en el que se contempla el seguimiento de la implementación efectiva de este decreto, que en buena medida depende de su acogida por parte de los ayuntamientos.

La consellera ha señalado que espera que en medio año podrá tener datos reales para hacer una proyección sobre el número de viviendas de precio limitado que se incorporarán al mercado.

EFE