La Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, en colaboración con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y con la Unidad Regional Aeronaval de Baleares, ha puesto en marcha un dispositivo de control de las embarcaciones que pueden estar llevando a cabo la actividad de alquiler náutico (chárter) sin cumplir con los requisitos legales para poder hacerlo o bien incumpliendo otras normativas de aplicación.
Este operativo lo realiza conjuntamente la Guardia Civil, una patrulla del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y una patrulla PAFIF (Patrulla Fiscal y Fronteras).
El objetivo de este ejercicio, en el tercer año en el que se lleva a cabo, “es controlar e inspeccionar las actividades irregulares relacionadas con la actividad mercantil de alquiler de embarcaciones de transporte de viajeros, así como con el fondeo en zonas ilegales o la recogida de personas en puntos no habilitados para ello”, explica el Govern.
También se realizan controles de documentación y permisos, así como de los títulos habilitantes de los patrones.
El Govern continuará con estos controles en las diferentes islas con el objetivo “de intensificar los controles sobre las actividades irregulares relacionadas con los chárteres náuticos y evitar así la competencia desleal y el uso indebido de la costa”.
Esta actuación “refuerza las líneas de control del sector del chárter náutico que durante todo el año se lleva a cabo por parte de la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo del Govern de las Illes Balears”, explican en un comunicado.
A pesar de los medios que dicen implementar, en Ibiza y Formentera la actividad de chárter náutico ilegal es endémico y es habitual ver cargar personas en zonas incluso protegidas como el Parque Natural de Ses Salines, Illetes, playa de Ses Salines o Sa Caleta.
Para combatir estos hechos, explican que están haciendo inspecciones “in situ” a las empresas del sector con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la legalidad en su actividad y, por otro lado, revisando de manera aleatoria la documentación presentada a la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo de las declaraciones responsables correspondientes a las embarcaciones destinadas al servicio de chárter.
La Dirección General tiene una unidad dedicada a esta materia, formada por un técnico marítimo, dos técnicos jurídicos y un auxiliar administrativo. Desde su creación, el número de expedientes sancionadores incoados por la Dirección General en materias de su competencia “han aumentado exponencialmente”.
En 2021 se incoaron 64 expedientes sancionadores y en 2022 fueron 100 los expedientes iniciados en materia de arrendamiento náutico. Hasta la fecha se han realizado inspecciones en los puertos de Palma, Sóller, Ibizas y La Savina.
A ver si es verdad. Pero cada verano leo lo mismo, y veo las mismas quejas.