Los expertos alertan sobre las posibles consecuencias de la Ley del Suelo de Balears

@D.V./ La clave se encuentra en el artículo 18.1 del anteproyecto de la Ley del Suelo que quiere aprobar el Govern balear. En él leemos que los consells y los muncipios, para mejorar la “eficacia del desarrollo urbanístico” podrán suscribir convenios con personas públicas o privadas, sean o no sean propietarios de los terrenos. La clave se encuentra en ese “sean o no sean“, es decir, que empresas o personas que no son propietarios de un terreno puedan decidir sobre su urbanización. Una posibilidad que supone la aparición en las Balears de una figura muy controvertida y que ya es conocida de sobre en la Comunidad Valenciana: el agente urbanizador.

¿Qué es un agente urbanizador?
La historia comienza en 1994, con la aprobación por parte de la Generalitat valenciana de la Ley de Ordenación Urbanística. Una iniciativa que, según nos cuenta Guillermo Valcárcel [@GuillermoValc] -autor del libro ‘La ola que arrasó España. Ascenso y caída de la cultura del ladrillo’ y especialista en legislación urbanística- tenía el propósito de terminar con la especulación: “la retención artificial del suelo es uno de los métodos tradicionales de la especulación inmobiliaria”, para evitarlo, el agente urbanizador “se encarga de empujar a los dueños de los terrenos a llegar a acuerdos para urbanizar e iniciar obras en determinados plazos”.

Según Andrés Boix Palop, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, el agente urbanizador es una empresa tiene una potestad de la Administración para acelerar el proceso de transformación de un terreno de urbanizable a urbano y que, como tiene potestades públicas, puede también expropiar. “Es un sistema pensado para zonas donde la propiedad está muy fragmentada y resultada complicado poner de acuerdo a todos los propietarios”, asegura Boix Palop, que recuerda que estos agentes no pueden modificar por sí solos los planes urbanísticos ni pueden forzar a recalificaciones de terrenos.

El espejo valenciano
¿Puede la nueva Ley del Suelo provocar en Balears la desenfrenada explosión urbanística que se produjo en Valencia? La clave, según Boix Palop, radica en la voluntad y la honradez de los consells y los ayuntamientos. “En un contexto en el que las administraciones públicas funcionan de manera honrada, esta Ley favorecerá la competencia y agilizará la transformación de suelo allá donde sea necesario”. Los problemas empiezan allí donde fallan los controles, y en la Comunidad Valenciana esto se ha producido durante dos décadas: “Los agentes urbanizadores, que usualmente son empresas promotoras urbanísticas, han acumulado tanto poder que han llegado a proponer cambiar los Planes de Ordenación a los ayuntamientos” y, merced a sus contactos en las administraciones, se han convertido en auténticas concejalías de Urbanismo en la sombra.

Por su parte, Valcárcel resume de esta manera el poder que han alcanzado los promotoras al amparo de esta legislación: “son latinfundistas que consiguieron un poder y una influencia inmensa sobre pequeños Ayuntamientos” y que al amparo de una interpretación interesada de la ley “se convirtieron en dueños virtuales de la costa, cometiendo todo tipo de abusos y expropiando a su antojo”. Este especialista no es optimista respecto al futuro que puede ofrecer esta Ley del Suelo: “temo que la Comunidad Balear tiene razones para preocuparse si se promueve esta ley, pues se trata de una zona en la que confluyen los mismos intereses que arruinaron el litoral valenciano y, entregándoles los mismos medios, es fácil colegir que busquen idénticos resultados”.

La pelota, ahora, está en el tejado de las Administraciones.