El Ayuntamiento de Santa Eulària ha impuesto una sanción de 165.000 euros por una infracción a la normativa de actividades a una empresa que gestiona un local en el Puerto Deportivo en el que se observaron deficiencias graves en la seguridad de su red eléctrica y que suponían un riesgo para las personas.
El Consistorio decretó también la paralización de la actividad y clausura del local como medida cautelar, una medida ya ha sido retirada tras comprobarse que se habían corregido los problemas detectados.
El expediente municipal se inició el 17 de agosto de 2022 cuando la Policía Local y técnicos municipales inspeccionaron el local situado en el Puerto Deportivo de Santa Eulària, relata el consistorio en una nota.
Según la revisión, existía un problema grave en la instalación eléctrica, «con el cuadro eléctrico sin puerta y con los cables a la vista y accesibles».
También en la salida, en la parte superior, se observó «una abertura tapada con una bolsa de plástico que generaba una situación de peligro» y se constató en la zona de almacén la existencia de «varios cables que caían del falso techo». «Todo ello provocaba que la instalación eléctrica no se considera apta para el ejercicio de la actividad, además de generar un riesgo grave para la salud de las personas», subrayan desde el Ayuntamiento.
El informe también constataba «problemas en el desagüe de aguas grises provocando, entre otras cuestiones, mal olor en el establecimiento».
Y también se documentaron aberturas en el falso techo sobre la zona de servicio «con peligro de que cayesen sustancias del techo en las consumiciones de los clientes».
Una revisión posterior ampliaba el listado de deficiencias ·al incluir la observación de cables salientes del interior de las paredes los cuales no presentaban medidas de seguridad oportunas», lo que podría provocar descargas eléctricas fortuitas a empleados o clientes».
Además, los elementos de conexión «se encontraban descolgados y no fijados a paredes a través de un sistema seguro que pudiere evitar desconexiones o cortocircuitos». De igual modo en el almacén existía cableado con riesgo de descarga o cortocircuito no estando debidamente asegurado y protegido.
Los hechos se corresponden con la comisión de una infracción muy grave del artículo 104.b) de la Ley 7/2013 de Régimen Jurídico de Instalación, Acceso y Ejercicio de actividades que puede sancionarse con una multa de entre 30.001 y 300.000 euros.
«Al no considerarse circunstancias atenuantes o eximentes la cuantía se fijó en el punto medio entre ambas cantidades, es decir, 165.000 euros», concluye el Consistorio.
