El Ayuntamiento de Santa Eulària ha atribuido «la actualización y modernización» de algunas ordenanzas fiscales, que será debatida mañana en pleno, a «la fuerte inflación» y al hecho de que algunos precios públicos «no se habían tocado desde hace más de una década» a pesar de que existe «la obligación legal de que una tasa cubra el coste del servicio al que se refiere» para que el Consistorio no entre en déficit ni se rebaje la calidad del servicio.
«Se cumple así con la obligación de ofrecer unos niveles de calidad acordes con lo que se merece y reclama la ciudadanía», ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado de prensa en el que responde a las críticas realizadas por el Grupo Socialista, que hoy ha denunciado la «subida monumental de las tasas» que pagarán los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas.
Las citadas fuentes municipales han señalado que se ha estudiado «el posible impacto» que dicha revisión puede tener «en los bolsillos de los vecinos y empresas del municipio para que sea lo más asumible posible», especialmente en el caso de las personas más vulnerables que, han recordado, tienen a su disposición «bonificaciones sociales del 50% o el 100%, además del apoyo de Servicios Sociales en los casos más agudos».
En cuanto a las subidas que se prevén aprobar, desde el Ayuntamiento han señalado que, por ejemplo, el bono de baño libre en la piscina municipal para 11 meses para adultos «pasa, como dice el PSOE, de 150 a 195 euros, lo cual implica una subida de 4 euros al mes». «En el caso de los cursillos para niños se ha hecho un esfuerzo y se mantienen los precios», han agregado.
Precisamente respecto a las actividades deportivas han subrayado que los precios públicos se revisaron por última vez en 2011, «cuando en todo este tiempo el IPC ha subido un 25%».
«En el caso de los locales de es Canar, como dice la Ordenanza pero omite el PSOE, sólo se actualiza a aquellos negocios que ocupan la vía pública en la zona peatonalizada este verano, la cual supone un incremento del valor de su negocio y un más que previsible aumento de las ventas en el mismo», han detallado en respuesta a las críticas realizadas por los socialistas.
Han añadido que otra modificación es la variación del coste que debe pagar una vivienda particular de hasta 150 metros cuadrados, «cuyo propietario pasa de abonar 103 a 125 euros al año, es decir, menos de 2 euros más al mes, y eso si no se aplica el descuento de 30 euros por uso de las Deixalleries, el 20% por compostaje o las exenciones del 50% o el 100% por ser consumidores vulnerables».
