No es nada común ni habitual leer una reprimenda como la que la Audiencia Provincial de Palma le ha echado al Juzgado Penal 1 de Ibiza, de la que informa Noudiari. La contundencia con la que se pronuncia la sección segunda de la Audiencia, señalando graves irregularidades procesales y vulneraciones del derecho de defensa en una sentencia es impactante. No estamos ante un simple error técnico, sino ante un cúmulo de fallos que cuestionan la esencia misma de nuestro sistema judicial: garantizar un juicio justo.
Es cierto que los jueces son humanos y, por tanto, no son infalibles. Justamente por eso las leyes contemplan cómo pueden recurrirse sus decisiones, para que sean revisadas por un órgano superior. Sin embargo, cuando estos errores afectan directamente a los derechos fundamentales de las personas y causan perjuicio a los encausados o a otros actores jurídicos, no debería bastar con señalar la equivocación y corregirla con un nuevo pronunciamiento. Hace falta algo más: una autocrítica sincera y, sobre todo, una disculpa formal a los afectados.
A fin de cuentas, en el caso que comentamos, si el condenado no hubiese recurrido, por la razón que sea, no se hubiesen constatado las flagrantes vulneraciones de sus derechos fundamentales, por lo que ni se conocerían los errores judiciales ni se habrían subsanado de ningún modo.
El caso del anciano mallorquín Pau Rigo, que mató de un disparo de escopeta a un ladrón cuando estaba siendo atracado en su casa de Porreres, es paradigmático. Un juicio que debía ser un ejercicio impecable de garantías procesales se convirtió en un ejemplo de todo lo contrario. ¿Y después qué? Se ordena repetir el juicio, sí, pero el daño personal, emocional y económico ya está hecho.
Lo más preocupante no es solo el error en sí, sino la sensación de impunidad que lo rodea. En otros sectores profesionales, una cadena de errores de esta magnitud tendría consecuencias claras. Pero en el ámbito judicial, los mecanismos de control y rendición de cuentas parecen demasiado opacos. Las garantías de independencia judicial, esenciales para proteger la imparcialidad de los jueces, no pueden convertirse en un escudo para evitar la responsabilidad por los errores cometidos.
Cuando una sentencia es anulada con términos tan duros como los empleados por la Audiencia de Palma al que me refería al principio, lo mínimo que cabría esperar es una explicación pública y, si procede, una disculpa. Y, por descontado, algún tipo de correctivo para quien ha faltado gravemente, por descuido o negligencia, a sus obligaciones como juez.
La ciudadanía no exige jueces perfectos, pero sí jueces responsables. Los errores son comprensibles; la falta de asunción de responsabilidades, no. Si queremos una justicia respetada y creíble, es necesario que quienes la representan comprendan que su labor no termina en el momento de dictar una sentencia, sino cuando se aseguran de que esta ha sido emitida con todas las garantías legales y éticas. Porque, al final, detrás de cada error judicial hay personas que sufren las consecuencias. Y, lamentablemente, nunca nadie pide disculpas. Jamás.
