En mi opinión siempre hubo, hay y habrá quejas cuando se delegue una responsabilidad a quien no corresponda.
Esta semana se acaba de publicar una encuesta (1) de satisfacción sobre los comercios y la población de Formentera, que recoge una incesante decepción de resultados. En su análisis encuentro la causa de tantas quejas; está en el propio sistema de gobierno.
La gestión pública se caracteriza siempre por su irracionalidad económica, precisamente porque se realiza al margen de los mecanismos necesarios de crecimiento que practica el mercado, que está en constante adaptación a los cambios económicos que suceden en el día a día en los más variados sitios del planeta.
Además, la preocupación constante por el sector civil de elegir el cuándo y el cómo se ha de actuar, no puede esperar a la inútil interferencia burocrática estatal, pues una administración que altere los tiempos que manejan tanto el sector comercial como el particular, retrasa toda lógica de actuaciones en forma y tiempo.
Cuando en dicho estudio analizamos el intervencionismo del gobierno local en múltiples servicios de gestión -y sus pobres resultados-, sentimos que estamos frente a una administración disfuncional y de quién seguramente escuchemos proponer al fin de su empobrecida legislatura, que dichos resultados “son un problema de todos” (3), y hasta podría escucharse también que digan que “entre todos lo solucionaremos”, dejando en claro la impersonalidad de la culpa y la socialización de su responsabilidad.
Extrayendo parte de un programa de gobierno municipal de un partido político (2) aspirante a gobernar “de otra forma” en Formentera para 2023, comparto su texto:
“Las administraciones públicas no están diseñadas ni concebidas para prestar servicios que por su naturaleza constituyan una actividad empresarial.
La rigidez de su régimen jurídico –en particular del régimen de la función pública– siempre lleva a la ineficiencia, dada la carencia estatal de estímulos para la productividad -a diferencia del libre mercado- y cayendo habitualmente en una burocracia insoportable.
La función de la administración pública debe ser ordenar, controlar y supervisar el funcionamiento de los servicios para la sociedad. Pero si quien fiscaliza esa función garantista es el mismo que quien la presta, es obvio que tal función no se realizará satisfactoriamente: nadie puede vigilarse a sí mismo con el mismo rigor con que lo haría otro”.
1.- https://www.observatorideformentera.cat/visions/visio-del-resident/barometre-residents-i- negocis/
2.- https://www.p-lib.es/wp-content/uploads/2022/03/Programa-Marco-del-P-LIB-Elecciones- Municipales.pdf , pág. 8
