Al fin parece que el Govern de les Illes Balears va a poner de su parte para hacer los cambios legislativos necesarios para, al menos, intentar que las fiestas ilegales que han proliferado en los últimos años en Ibiza, no se repitan. Y que, si se repiten, sus organizadores y asistentes sean sancionados de acuerdo a la intensidad de su participación y su responsabilidad en el sarao.
Ya era hora de que todas las administraciones concernidas se pusieran las pilas y dejasen de tirarse los trastos a la cabeza, culpándose recíprocamente de no hacer lo suficiente para detener esta escalada de fiestas clandestinas que perturba gravemente la tranquilidad vecinal y supone una competencia desleal para los establecimientos autorizados y que pagan sus impuestos conforme exige la Ley. Hasta ahora lo único que veíamos era al Consell d’Eivissa (en manos de PP y Cs) y al Govern (en manos de PSOE, Unidas Podemos y Més per Mallorca) tirarse los trastos a la cabeza, pero ahora parece que la dinámica se reconduce y al menos se lanza un mensaje contundente de disposición a trabajar conjuntamente con un objetivo común.
Sin embargo, desde la Asociación de Viviendas Turísticas (AVAT) se critica que la modificación de la Ley de Actividades vía decreto ley, contemple multas de entre 100.000 y 300.000 euros para los propietarios de una vivienda, incluso si ha sido legalmente alquilada y los inquilinos deciden usarla para llevar a cabo una actividad ilícita sin conocimiento del arrendador.
Su queja tiene mucha lógica pues en su afán represivo, la Administración parece olvidar que una vez alquilada la vivienda, el responsable de lo que allí suceda es exclusiva del arrendatario. Afirmar lo contrario sería tanto como presuponer que, si en un piso alquilado se vende droga, se puede extender la responsabilidad al propietario del piso. Una barbaridad.
Y eso es tan barbaridad como la pretensión del Consell d’Eivissa, infructuosa por el momento, de que la Policía Local pueda entrar en una fiesta que se esté celebrando en una vivienda, sin autorización judicial. La inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental protegido por la Constitución y únicamente puede restringirse con intervención judicial o en caso de flagrante delito. Los atajos en un asunto tan delicado son gravemente inconvenientes.
Así pues, la nueva normativa que se apruebe para perseguir a quienes organicen fiestas en villas o casas para lucrarse, debe centrarse en eso y no puede pretender que los caseros hagan de policías. Y mucho menos que sean ellos quienes paguen por lo que hagan sus inquilinos.
