Los taxis piratas son una lacra endémica de cualquier destino turístico. No se trata de un fenómeno exclusivo de la isla de Ibiza, aunque no cabe duda de que la llegada masiva de visitantes en los meses estivales, favorece el negocio. Luchar contra esta oferta ilegal que supone una actividad intrusiva y gravemente perjudicial para el sector del transporte discrecional, incluyendo los taxis y los turismos de alquiler con conductor que cuentan con licencia de las autoridades para operar legalmente, no es fácil. Sin embargo, si hay voluntad política de combatirlos y se hace de forma coordinada con todas las administraciones implicadas, es mucho más fácil y los resultados no tardan en verse.
El Consell d’Eivissa, institución competente en materia de transporte terrestre, ha inmovilizado 100 vehículos utilizados por los taxis piratas, duplicando los intervenidos en 2022. En lo que va del año 2023 ya se han recaudado más de 341.000 euros en sanciones de transportes. La tarea inspectora da su fruto. Pero también evidencia que la actividad pirata no cesa, ya que siguen trabajando de forma ilegal porque existe una demanda de servicios de transporte. Y también hay que actuar sobre este aspecto que a menudo se soslaya, lo que impide acabar definitivamente con el problema.
Si no hay un transporte público de calidad que responda con eficacia a las necesidades de movilidad de residentes y turistas, inevitablemente habrá demandantes de traslado que los piratas satisfarán, sin importarles lo que diga la Ley. Hay que trabajar para acabar con la oferta ilegal, pero también con la demanda de servicios de transporte. La oferta legal de taxis debe ser adecuada y eficiente, poniendo por encima de todo, también de los intereses corporativos, el servicio público que se presta. Y esto es algo que incumbe a todos, no únicamente a la administración.
