Afirma la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, desde el Parlament, que la Ley conocida como del ‘solo sí es sí’ es “una buena ley”. Pues nadie lo diría, teniendo en cuenta que esta norma, impulsada por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, ha permitido la reducción de penas (incluso varias excarcelaciones) a 338 agresores sexuales desde su entrada en vigor, el día siete de octubre del año pasado, de los cuales unos 18 están en Balears.
No creo que a la responsable de Igualdad del Govern de les Illes Balears este dato le parezca escaso, teniendo en cuenta que este goteo de aligeramientos penales ha generado tal indignación social que, hasta su propio partido, el PSOE, se ha visto obligado a anunciar una modificación exprés de esa Ley tan buena, pero que ha conllevado tan elevado número de efectos indeseados, por más que previsibles y advertidos por muchos expertos durante su tramitación parlamentaria.
Si el PSOE decide ahora actuar para modificar la Ley, incluso ante la oposición de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, es sólo porque el coste electoral del “sostenella y no enmendalla” ya comienza a ser más que preocupante entre las filas socialistas. Incluso la exalcaldesa de Madrid (y magistrada jubilada) afirmó que no corregir la Ley es “soberbia infantil”, lo que la hizo merecedora de lacerantes críticas desde las filas de Podemos, formación incapaz de aceptar la menor crítica, ni siquiera enmienda a sus iniciativas, como estamos hartos de ver.
Que la polémica Ley tenga cosas positivas para las mujeres, no lo duda nadie en su sano juicio, porque no todo va a ser positivo para agresores sexuales y violadores. Pero que estamos ante una Ley que ha beneficiado a depredadores sexuales condenados, por más que la ministra de Igualdad, Irene Montero, garantizó que no habría ni un solo caso de rebaja de condena, es más que evidente.
Que esta realidad debería costarle el cargo a la máxima responsable política de su aprobación por parte del Consejo de Ministros, lo entiende todo el mundo, excepto Podemos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no tiene las manos libres para cesar a Irene Montero y, por tanto, ya es corresponsable de las, hasta ahora, 338 reducciones de pena. Con la anuencia de los socialistas que aplauden una Ley tan buena, como hace ahora Mercedes Garrido.
Pronto veremos si los votantes tienen tan buena opinión de la Ley como la tiene la consellera de Igualdad del Govern.
