El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha asegurado hoy ante los medios que la decisión de desalojar el asentamiento de chabolas de sa Joveria, que se ha producido esta mañana, ha sido una de las más difíciles que ha tenido que tomar como alcalde, una decisión que ha justificado «por una cuestión de responsabilidad y justicia, hacia las personas ocupando estos terrenos, por su propia seguridad íntegra, como personas humanas».
Triguero ha comparecido ante la prensa una vez finalizado el desalojo para agradecer a todos los equipos involucrados en el operativo del Ayuntamiento de Ibiza, que hoy a las 10:00 ha ejecutado la orden de desmantelamiento de la parcela 7 del polígono 2 de sa Joveria, entre el recinto ferial, el párking, el hospital Can Misses y el colegio Sa Joveria.
La Policía Local había identificado a 130 personas en los últimos meses viviendo en esta zona, aunque en los últimos días solo se encontraban en el asentamiento una setentena, 72 en total, que han ido abandonando por su propio pie la zona esta semana, dejando atrás más de un centenar de infraviviendas. Esta mañana, según ha explicado Triguero, solo quedaban ya algunas personas, y mientras que un par de ellas han intentado ralentizar el operativo e resistir su marcha (sin uso de violencia), finalmente todos han salido de sa Joveria por sí mismos.
Según ha informado Triguero, desde Servicios Sociales se ha dado cobertura a 7 personas, una de ellas con discapacidad, y no se han identificado menores.
«En la isla hay dificultades para acceder a una vivienda o a una habitación pero no vamos a seguir tolerando esta forma de vida en la ciudad de Ibiza», ha reiterado Triguero, una vez concluido el desalojo.
«No podemos seguir generando expectativas a esos temporeros que estaban viviendo aquí, con la multitud de cuestiones y dificultades, de insalubridad y seguridad» ha dicho Triguero. El alcalde de Ibiza ha recordado los informes técnicos, que citan elementos de peligrosidad en el entorno, presentando por ejemplo, riesgo de contaminación a los acuíferos de la zona. «El operativo ahora ha comenzado para retirar multitud de bombonas de gas y baterías, elementos de peligrosidad, entrarán las máquinas para hacer una limpieza del terreno».
Desde el Ayuntamiento han indicado que, aunque se han hecho cargo del operativo tras una autorización judicial, es la propiedad la que se hará cargo del coste total, un coste que Triguero ha definido como «elevado», a falta de su finalización y valoración final.
