El GEN-GOB considera que el Defensor del Pueblo ha dejado sin respuesta la cuestión central de las quejas presentadas por el aumento de la actividad del aeropuerto de Ibiza: la diferencia entre los límites recogidos en el Plan Director vigente y el volumen actual de pasajeros. La organización ecologista sostiene que el organismo se ha limitado a trasladar a los reclamantes un informe de la Dirección General de Aviación Civil elaborado a partir de información de AENA, sin entrar a valorar el desajuste que denuncia.
La entidad presentó su queja en julio y animó a la ciudadanía a registrar reclamaciones similares. Según el GEN-GOB, las personas que siguieron esa iniciativa están recibiendo una contestación que explica las actuaciones previstas en la terminal, pero no aborda si el crecimiento del tráfico aeroportuario es compatible con la planificación vigente.
El Plan Director del aeropuerto de Ibiza, aprobado en 2010 y todavía vigente, preveía un flujo de 5,67 millones de pasajeros anuales, con un máximo de siete millones, según los datos expuestos por el GEN-GOB. La entidad señala que el aeropuerto ya supera los nueve millones de pasajeros al año y cuestiona que se impulsen nuevas actuaciones sin revisar de forma global las consecuencias de esa evolución.
La respuesta trasladada por el Defensor del Pueblo se centra, según la organización, en las intervenciones previstas para el periodo 2027-2031. Estas consistirían en adaptar el edificio terminal a nuevas normas europeas de seguridad y control de fronteras. De acuerdo con la información de AENA recogida en el informe, esas obras no supondrían un incremento de la capacidad aeroportuaria.
El documento también señala que no hay actuaciones previstas en la pista, por lo que se mantendría la capacidad del campo de vuelo.
El GEN-GOB sostiene que estas explicaciones no responden a su reclamación. La organización no cuestiona la necesidad de adaptar las instalaciones a la normativa europea, sino que reclama que se analice el crecimiento general del aeropuerto y su compatibilidad con los escenarios contemplados en el Plan Director.
Presión sobre los recursos y los servicios
La entidad ecologista advierte de que los efectos del tráfico aéreo van más allá de los terrenos ocupados por las instalaciones aeroportuarias. Entre las consecuencias que considera necesario evaluar cita la presión sobre el agua, las carreteras, los servicios sanitarios, la gestión de residuos, el territorio y los ecosistemas, además de sus repercusiones en la calidad de vida de los residentes.
El GEN-GOB recuerda que Ibiza tiene una superficie de 572 kilómetros cuadrados y soporta una elevada presión humana durante los meses de verano. A su juicio, cualquier análisis sobre el crecimiento aeroportuario debe tener en cuenta la capacidad real de acogida de la isla y los impactos directos e indirectos derivados de un aumento de pasajeros y vuelos.
La organización defiende que las infraestructuras públicas deben responder al interés general y reclama que se prioricen las necesidades de movilidad de la población residente y la preservación de los recursos naturales.
En su reclamación, el GEN-GOB solicitó al Defensor del Pueblo que instara a las administraciones responsables a adoptar medidas para adecuar el número de pasajeros a los límites establecidos en el Plan Director.
Entre sus peticiones figuraban paralizar cautelarmente los proyectos vinculados a flujos de pasajeros no contemplados en ese documento, no aprobar actuaciones que permitieran superar esos límites sin una revisión y evaluación ambiental adecuadas y garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental estatal y europea.
La entidad considera que el Defensor del Pueblo ha perdido una oportunidad para abordar una cuestión que, a su entender, afecta al interés general de Ibiza. El GEN-GOB insiste en que la pregunta pendiente no es si las obras de la terminal responden a nuevas exigencias de seguridad, sino si puede continuar creciendo la actividad aeroportuaria por encima de los escenarios previstos sin una evaluación global de sus efectos sobre la isla.
Por ahora, la crítica de la organización ecologista se centra en el alcance de la respuesta recibida, que considera insuficiente para resolver las cuestiones planteadas en sus quejas.
