El Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja ha dado un nuevo golpe a la oferta turística irregular en el municipio. En una operación coordinada durante la última semana entre la Policía Local y el departamento de Intrusismo del Consell de Ibiza, se ha procedido procedido al precinto de la actividad en tres pisos turísticos ilegales.
Desde el consistorio han sido tajantes a través de sus canales oficiales: «Sant Joan no se vende al ilegal; aquí se cumple la ley». La actuación se enmarca en una estrategia de vigilancia permanente para proteger la legalidad y garantizar la convivencia vecinal, a menudo perturbada por el trasiego de visitantes en zonas no habilitadas para el uso turístico.
Esta intervención no es un hecho aislado, sino que responde a la creciente presión social y administrativa frente a la crisis de la vivienda que azota a Ibiza. La proliferación de alquileres turísticos en viviendas residenciales es uno de los factores que ha disparado los precios y ha reducido drásticamente el stock de inmuebles disponibles para los residentes y trabajadores de la isla.
La problemática habitacional en Ibiza ha alcanzado cotas críticas, con precios de alquiler que obligan a muchos profesionales del sector público y privado a abandonar la isla o a vivir en condiciones precarias (como caravanas o asentamientos). En este contexto, el intrusismo turístico se percibe no solo como una competencia desleal para el sector hotelero, sino como un ataque directo al derecho de tener una vivienda digna.
Cooperación institucional y sanciones
La colaboración entre ayuntamiento y Consell es clave en estas actuaciones, ya que el departamento de Intrusismo es el encargado de tramitar las sanciones, que pueden alcanzar cuantías económicas muy elevadas. El objetivo de las administraciones es defender un «modelo turístico justo para todos» y evitar que el beneficio rápido de unos pocos propietarios degrade la calidad de vida de los residentes de la isla.
«Seguimos trabajando para proteger la legalidad y garantizar la convivencia», aseguran desde la Policía Local de Sant Joan, que envía un mensaje claro a través de sus redes sociales a quienes operan al margen de la ley: la vigilancia en el municipio del norte no va a cesar.
