@Noudiari/ Más de una década de instrucción desembocará el próximo miércoles en el juicio del conocido caso Cretu, que sentará en el banquillo al exalcalde de Sant Antoni de Portmany, Antoni Marí, y al músico Michael Cretu. El detonante de esta investigación fue la construcción ilegal de una mansión por parte compositor de ascendencia rumana en lo alto de una colina situada en un Área Natural de Especial Interés (ANEI), un inmueble cuya demolición se decretó en 2001 pero que no se hizo efectiva hasta 2009.
Foto: gengob.org
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Balears ha solicitado para Antoni Marí y para la exconcejal de Urbanismo de Portmany el pago de una multa de 33.600 euros por un delito de prevaricación, así como siete años de inhabilitación. Por otra parte, Cretu se enfrenta a una sanción económica de 31.500 euros por un delito contra la ordenación del territorio.
No obstante, no son estos los únicos acusados que tomarán posiciones en el banquillo, ya que el arquitecto José Torres se enfrentará a una petición de ocho meses de prisión y el aparejador municipal, Miguel Ángel Martí, deberá hacer frente a la pena más alta solicitada por la Fiscalía, que consiste en tres años de cárcel por un delito de falsedad documental.
Una edificación en zona protegida y un 68,3% más grande de lo autorizado en la licencia
La primera sentencia emitida sobre el caso Cretu tiene fecha de 2001, cuando los tribunales ordenaron la demolición de la mansión que este músico había construido en Sant Antoni. Esta resolución legal fue dictada a raíz del recurso interpuesto por el GEN contra el acuerdo de la comisión de gobierno municipal que otorgó esta licencia de obras en 1997. Esta mansión se levantaba en un área protegida y, además, tanto Cretu como su arquitecto fueron declarados culpables de un delito territorial por alzar una edificación un 68,3% más grande que lo autorizado en la licencia, que preveía un edificio de 864 metros cuadrados cuando se construyeron 1.864 metros cuadrados.
Antoni Marí Tur, quien ejercía como alcalde de Sant Antoni cuando fue emitida esta licencia, tuvo que declarar ante los tribunales por haber expedido una autorización municipal para construir en un área natural protegida. La demolición de la construcción, a pesar de haber sido ordenada en 2001, no se ejecutó hasta 2009 y tuvo un coste de 346.000 euros, que deberán ser abonados al consistorio por Antoni Marí Tur, Michael Cretú y su arquitecto, José Torres, y la exconcejala de Urbanismo, Blanca Castiella.
El fiscal solicitó para los acusados multas de prisión y económicas, así como inhabilitaciones para empleo o cargo público para los políticos que aprobaron esta construcción ilegal. En concreto, Michel Cretu y José Torres fueron acusados de un delito contra la ordenación del territorio. Por otro lado, sobre Miguel Ángel Martí Miralles, aparejador municipal que firmó los informes que avalaban la obra, pende un delito de falsedad cometido por funcionario público. Para Marí Tur y Castiella, el fiscal solicita que abonen de forma solidaria una parte de los gastos que le ocasionó al ayuntamiento el derribo de esta edificación. Así, el exalcalde y la exconcejala de Urbanismo deberían indemnizar al Ayuntamiento de Sant Antoni con una quina parte cada uno de la totalidad de los costes de esta actuación.
