Un sobresueldo legal aunque inmoral, por Joan Miquel Perpinyà

Joan Miquel Perpinyà / Los 19 altos cargos del Govern balear y de otros entes autonómicos que perciben 22.000 euros al año por estar empadronados fuera de Mallorca, no cometen ninguna ilegalidad. Lo ha asegurado el director de la Oficina Anticorrupción de Balears, Jaime Far, tras la oportuna investigación.

Nadie les acusó de ello cuando trascendió a la opinión pública lo que estaba sucediendo y saltó el escándalo, porque no será ilegal, pero es inmoral, a pesar de lo cual aquí no ha pasado nada, ya deban costearse un apartamento, ya compartan piso con otros altos cargos, ya opten por alojarse en un establecimiento hotelero, algo que dudo porque deberían pagar la ecotasa cada día, con lo partidarios que ellos son… 

Por cierto, que al señor Far se le acumula el trabajo porque estamos aún pendientes de conocer el resultado de sus pesquisas sobre los gastos de la exvicepresidenta del Consell d’Eivissa, Marta Díaz, y la puerta giratoria del exteniente de alcalde de Hacienda del Ajuntament d’Eivissa, Alfonso Molina, trabajando para la contrata del alumbrado público de la ciudad, la empresa Citelum Ibérica. Habrá que armarse de paciencia.

Al señor Far se le acumula el trabajo porque estamos aún pendientes de conocer el resultado de sus pesquisas sobre los gastos de la exvicepresidenta del Consell d’Eivissa, Marta Díaz, y la puerta giratoria del exteniente de alcalde de Hacienda del Ajuntament d’Eivissa, Alfonso Molina.

Es parecer de la consellera balear de Agricultura y lideresa de Podem Balears, Mae de la Concha, que sin esos 22.000 euros que ella percibe cada año, ya que tiene su residencia familiar en Menorca, no podría dedicarse a la política. ¡Qué gran pérdida sufriría esta Comunidad Autónoma! Aquellos que llegaron a la política alardeando de no cobrar más de tres salarios mínimos interprofesionales, ahora que gobiernan han decidido que ya no hay por qué seguir con tales limitaciones. La austeridad no es ahora necesaria, por lo visto. 

Jaime Far considera que sería mejor cambiar el sistema y que en lugar de pagar una cuantía fija sin más, solo se abonen los gastos que los beneficiarios justifiquen debidamente. Parece algo bastante razonable, pese a lo cual ni PSOE ni Podemos han mostrado interés alguno en implementar. 

Siempre ha habido cargos públicos que han incrementado sus ingresos porque la ausencia absoluta de controles se lo ha permitido.

Siempre ha habido cargos públicos que han incrementado sus ingresos porque la ausencia absoluta de controles se lo ha permitido. Por citar un ejemplo, abonamos un generoso sobresueldo a la senadora socialista por las Pitiusas, Patricia Abascal, pero reside en casa de un familiar cuando está en Madrid. Y bien que hace. Ella y tantos otros, de todos los partidos. 

Nuestros funcionarios en Ibiza y Formentera perciben un plus de insularidad irrisorio, ridículo, paupérrimo, mientras aquellos que deberían mejorar su situación no tienen ese problema y se lo llevan crudo sin justificar ningún gasto. Todo muy legal. Y muy inmoral.