Asombra la generalizada aceptación acrítica del decreto ley aprobado por el Govern para poner coto a las fiestas ilegales. El entusiasmo por el noble fin que se persigue no ha de hacernos olvidar que el papel todo lo soporta. La pretensión de acabar con tales saraos recuerda a quienes abogan por abolir la prostitución. Ojalá tengas más éxito que los partidarios de abolir las drogas.
El decreto ley será convalidado con el apoyo unánime de casi todas las fuerzas del Parlament porque, excepto Vox, nadie quiere aparecer como el timorato que puso en duda la determinación por abolir las fiestas ilegales que tantas molestias causan a los residentes. Vox irá por libre y a la contra en esto, como en todo lo demás.
De las fiestas legales que se celebran noche tras noche, algunas de las cuales organiza la propia Administración, nada se dice porque, por lo visto, únicamente molestan las privadas que se convocan por whatsapp. La música atronadora en la Marina, en el Baluard de Santa Llúcia o en el centro del puerto de Vila no preocupa a nuestros gobernantes en absoluto porque a esas fiestas ellos son los primeros invitados, a tutiplén.
El Govern, animado por el Consell d’Eivissa, ha dictado que a partir de ahora serán sancionados con hasta 300.000 euros no sólo los organizadores de las fiestas ilegales, sino también los propietarios de las casas. Será la primera vez que se responsabilice de lo que sucede en un inmueble con consideración legal de domicilio, por más que con licencia de alquiler turístico, al propietario y no al inquilino. Como si no hubiese un contrato de arrendamiento de por medio. Obviando este pequeño detalle sin importancia.
Los alcaldes ibicencos y el Consell d’Eivissa, que preside Vicent Marí, aplauden con las orejas el golpe sobre la mesa de Govern de Francina Armengol, que se anota el tanto celebrando en Ibiza el Consell de Govern que aprueba la norma. Para que quede claro de quién es la autoría de la iniciativa legal que habrá de meter en vereda a los incívicos. Quiero decir a los propietarios que alquilen sus casas de campo a los incívicos. A partir de ahora, que hagan como los vigilantes de los aparcamientos al aire libre: una silla de plástico, una sombrilla y a hacer guardia a la puerta de su propiedad. ¿Usted quién es? ¿A dónde va? ¿Qué lleva usted en la bolsa? Y así.
Por suerte, hay que agradecer que el Govern no haya cedido a la pretensión del Consell d’Eivissa y de algunos alcaldes que pretendían hacer la alcaldada de ordenar a sus agentes de Policía Local que entrasen en los chalés donde se presuma que se está celebrando una fiesta, sin orden judicial. Algo que no sucede ni cuando se presume que en un chalé se está almacenando droga para su adulteración y venta. Se llama inviolabilidad del domicilio, es un derecho fundamental reconocido en la totalidad de constituciones democráticas del planeta y es un gran incordio para luchar contra las fiestas ilegales.
Si usted tiene una villa, la alquila habitualmente a turistas, su inquilino monta una fiesta ilegal invitando por whatsapp a unos amigos sin que usted se entere, a los que cobrará entrada por Bizum sin que usted tenga la menor posibilidad de saberlo, usted incurrirá en responsabilidad. Haberse enterado, oiga.
Es verdad que siempre podrá no formalizar contrato de alquiler, cobrar en negro y por adelantado, y decir que los organizadores de la fiesta eran okupas. Todo el mundo sabe que, en ese caso, la Administración no puede hacer nada. Contra ellos, claro. A usted le va a salir por un pico, aunque igual un juez le dará la razón porque acostumbran a exigir pruebas, no como el Govern, que ya ha determinado que el propietario es responsable de lo que haga el inquilino en la casa que ha alquilado.
No creo que está Ley llegue a ningún lado, responsabilizar al propietario es lo más fácil.