La rápida intervención de los medios antiincendios y la proximidad del poblado chabolista de Can Rova 2 con el Parque Insular de Bomberos, a unos tres kilómetros de distancia, ha evitado una desgracia mayor en este asentamiento ilegal, donde ha ardido por completo una caravana en la que vivía una pareja y su hija, y que en ese momento se encontraban el interior, según relatan testigos presenciales.
El el vehículo vivienda ha quedado literalmente fundido por las llamas, y los habitantes han perdido todo lo que tenían. Por suerte, no ha habido que lamentar daños personales, puesto que un vecino les ha avisado cuando ha visto que se estaba empezando a quemar y estos han podido salir rápidamente antes de que el fuego les atrapara.
Vecinos de esta pareja, y que residen en el mismo asentamiento ilegal, han comentado a NouDiari que van a ayudar a los afectados en todo lo que puedan. De hecho, ya se han organizado para construirles una caseta de madera y otros materiales en la que puedan residir de forma temporal mientras se recuperan de este golpe.
Las llamas, gracias a la actuación de los bomberos, han podido ser sofocadas con rapidez y no ha habido riesgo de que se propagaran a otras infraviviendas del poblado, en el que se estima que hay cerca de un centenar de chabolas y caravanas y donde se calcula que pueden vivir alrededor de 300 personas.
La zona es un auténtico ‘polvorín’, puesto que está llena de maderas, de palés, de bombonas de gas, cocinas y otros materiales altamente inflamables. De hecho, una persona ha comentado que, debido a este incendio, una botella de butano ha salido volando por los aires.
La semana pasada, el Ayuntamiento de Santa Eulària pidió el amparo ante el Defensor del Pueblo ante la “grave situación” generada por la proliferación del asentamiento ilegal.
El consistorio presentó una queja formal por la “pasividad” mostrada por la Administración General del Estado (AGE) y por los órganos judiciales competentes para hacer frente a “esta problemática”, señalaba en un comunicado
En su escrito, relataba además las diligencias llevadas a cabo desde agosto de 2024 con “múltiples actuaciones” administrativas y judiciales para “frenar la consolidación” de un núcleo de infraviviendas en suelo rústico protegido, que presenta “evidentes riesgos” para la vida de las personas, el medio ambiente y las infraestructuras críticas de abastecimiento de agua de la isla.
